Sigue dando mucho qué decir la cloaca que el gobernador de Chihuahua Javier Corral ha destapado con la triangulación de recursos de la Secretaría de Hacienda al PRI para campañas electorales y otras actividades no lícitas, como el manejo discrecional de los programas sociales. México es una República federal, eso está establecido en nuestra carta magna, es decir, tanto el gobierno federal como los estatales tienen cada uno distintas facultades y obligaciones que ejercer y el Congreso de la Unión aprueba cada año el Presupuesto de Egresos, dado la facultad de este de distribuir los recursos a las dependencias e instituciones y a los estados y municipios, pero no hace dueño de ellos al partido en el poder, pues está visto el uso faccioso que hace de los mismos.
El gobierno de Enrique Peña Nieto sigue negando los recursos extraordinarios que fueron comprometidos a través de un convenio a finales de diciembre para entregar al gobierno de Corral, quien inició una marcha hacia la Ciudad de México, misma que ha sufrido agresiones de parte de personas del PRI, como sucedió en Gómez Palacio, Durango.
Y van con todo contra él, pues iniciaron una campaña mediática donde salen a defender al exsecretario general del PRI Alejandro Gutiérrez, el gran operador financiero preso, arguyendo que lo que este declaró fue bajo tortura, y al siguiente día el candidato Meade se sumó a la farsa diciendo que ¡por primera vez en la historia de nuestro país había un gobernador que torturaba!, después lo siguieron Aurelio Nuño, Enrique Ochoa y demás priistas, para desviar la atención y preparar el terreno y a la opinión pública de que lo que está declarando es ilegal, al igual lo que han confesado los otros cuatro funcionarios del exgobernador Cesar Duarte ya sentenciados, pues pretenden hacernos creer que también los obligaron a hablar bajo presión y amenazas.
Bueno, pues ahora resulta que la PGR –que normalmente son muy lentos, o se cansan muy rápido (Murillo Karam dixit)–, ha creado la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, (acuerdo ya publicado en el Diario Oficial de la Federación desde hace cinco años) instancia que contará con autonomía técnica y operativa y será la encargada de iniciar, dirigir, coordinar y supervisar las indagatorias relacionadas con delitos de tortura…¡Increíble!, y su primer caso a atender será el de los encarcelados en Chihuahua, como su propio abogado lo declaró a un medio local. Toda esa trama es para intentar que la PGR atraiga el caso, lo cambie de penal para tenerlo bajo su jurisdicción y que ya no declare, como el propio gobernador dijo públicamente ayer.
Lo anterior raya en la locura, pues de acuerdo con organizaciones sociales, la tortura no es lo único que hay que detener, ya que en México a diario se tienen noticias de desaparecidos, observando cómo el informe anual 2016 sobre el Registro nacional de datos de personas extraviadas o desaparecidas habla de 29 mil 485 personas no localizadas, y no solo los caso de tortura, que es una práctica que desde los tiempos del viejo PRI está documentada, ¿quién no recuerda todos los luchadores sociales torturados, desaparecidos y muertos del viejo y del actual régimen? ¿El caso de los estudiantes de Ayotzinapa? En particular el de Julio César Mondragón, quien fue desollado esa fatídica noche en la ciudad de Iguala; ahora tienen el enorme cinismo de decir que ¡por primera vez hay un gobernador que tortura!
Toda esa maniobra en marcha es solo para sacar a Alejandro Gutiérrez de la cárcel estatal, y nos demuestra hasta qué grado este gobierno Peñista está dispuesto a torcer las instituciones para parar este golpe que desenmascara el modus operandi del desvío de recursos públicos al priismo. Tiene mucha razón el fiscal de Chihuahua César Peniche que la justicia debe ser pronta, expedita y pareja, no solo en casos de excepción como este, poniendo de ejemplo que en 2017 la PGR declinó más de 40 casos de tortura alegando que no era de su competencia y ahora cambió de parecer, todo para salvar a su operador financiero corrupto. Es otro grave error de este gobierno decadente y en declive.
Y a todo esto ¿dónde están todos los demás gobernadores del PAN y del PRD y la propia Conferencia Nacional de Gobernadores? ¿Por qué tan callados y cómplices?…están dejando morir solo a este gobernador que se atreve a desafiar al presidente de la República. ¿Dónde está el Estado de Derecho?

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