En menos de 20 segundos, Enrique Peña Nieto se lanzó hasta el fondo de la fosa de clavados cuando el conductor del noticiario de Televisa Joaquín López Dóriga le preguntó sobre el reciente escándalo del departamento rosa de Miami de su esposa Angélica Rivera y el pago de casi 30 mil dólares de impuesto predial realizado por el empresario Ricardo Pierdant.
Peña Nieto ya había señalado, indignado, que la nota de The Guardian era “una calumnia” y que “es completamente falso que mi esposa tenga otra propiedad en Miami”. Sin embargo, no resistió la tentación de hacer la siguiente aclaración en sus declaraciones televisadas el lunes:
“Te repito, es un amigo que está allá y que, efectivamente, le hizo un favor (a Angélica Rivera). En una única ocasión de 11 años que tiene la propiedad, en una única ocasión porque mi esposa estaba aquí, le dijo ‘oye, puedes cubrir el impuesto predial’, yo te lo cubro aquí, como de hecho ocurrió…
“Esto acontece es una relación, común, ordinaria que puede pasar entre quienes son amigos y vecinos”, se jactó el primer mandatario mexicano que quizá ignora que 99.9 por ciento de los mexicanos no tiene amigos que le paguen los impuestos prediales, menos poseen propiedades en Miami que valen más de 2 millones de dólares y tampoco son amigos del presidente de la República en un sistema político tan “amistoso” como México.
Si la entrevista con López Dóriga, en el ocaso de su noticiero en Televisa, pretendía ser un “control de daños” al escándalo producido la semana anterior o si Peña Nieto buscaba demostrar claridad y contundencia en vísperas de su cuarto informe de gobierno, el efecto logrado fue exactamente el inverso.
De entrada, Peña Nieto cometió cuatro errores de comunicación política y una grave irregularidad jurídica:
1) En primer lugar, dejó muy mal parado a su propio vocero presidencial Eduardo Sánchez, quien calificó la nota como “una especulación a todas luces dolosa” y criticó a The Guardian por “orientar a sus reporteros a predecir el futuro, más que a confirmar la verdad”.
Sánchez negó que Rivera tuviera su “hogar” en los dos departamentos señalados por The Guardian, pero Peña Nieto confirmó que su esposa y Ricardo Pierdant son vecinos y que él es su amigo. Sánchez negó que Pierdant fuera contratista, algo que el primer mandatario confirmó, pero el vocero evadió señalar algo en relación con el documento que acreditaba el pago de impuesto predial.
Al confirmar Peña Nieto su amistad con Pierdant y que ese “amigo” de sus tiempos en la Universidad Panamericana le pagó a Rivera el impuesto predial de su departamento, simplemente transformó la “especulación” y la “calumnia” en una nota veraz, al menos en ese punto muy delicado.
2) En segundo lugar, el mandatario no resiste mostrarse molesto ante las cámaras de Televisa. Halaga el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, pero comunica hartazgo y furia con los medios y periodistas que investigan sus propiedades y las de Angélica Rivera. Incluso, se enoja porque los mortales mexicanos no entiendan que todo es un error de “percepción”. Insiste Peña Nieto en creer que solo es un problema de percepción cuando son hechos que él mismo ha validado.
3) Peña Nieto sigue peleándose con un fantasma cuando el gigante lo tiene al lado: sus “amigos” y sus favores que constituyen un presunto conflicto de interés porque estamos hablando del primer mandatario de la República y no solo de un ciudadano común, hijo predilecto de Atlacomulco.
Primero fue el escándalo de Juan Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa, intermediario financiero e inmobiliario de Angélica Rivera en la casa blanca (según la versión oficial para “corregir” el reportaje del equipo de Carmen Aristegui) y de Luis Videgaray y su mansión en Malinalco que cubrió a una tasa de interés inaccesible para la mayoría de los mexicanos; luego, Roberto San Román Widerkher, quien le vendió a precio de ganga una casa en Ixtapan de la Sal que no correspondía con su entonces nivel de ingresos como gobernador del Estado de México; y ahora Ricardo Pierdant, quien amablemente paga 30 mil dólares de impuesto predial a su esposa. ¿A cambio de qué? Simple amabilidad, nos dice Peña Nieto.
4) Para atajar rumores, percepciones y contradicciones en sus dichos y los de su propio vocero, el gobierno de Peña Nieto debe entregar la prueba de que se le reembolsaron los casi 30 mil dólares a Pierdant y que las empresas de éste no tienen ninguna relación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Cuando fue consultado Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, sobre este caso, el exfuncionario mexiquense les afirmó a los de presidencia de la República que no era necesario “rascar” ya que los arreglos entre particulares “no son motivo de conflicto de interés” para el primer mandatario, según una versión manejada al interior del gobierno federal. Error garrafal.

Irregularidad Jurídica

Por otro lado, Peña Nieto abrió las compuertas para que se investigue una posible violación al artículo octavo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que en 2014, cuando se realizó el pago del “favor entre vecinos”, señalaba claramente en su fracción 12 que los servidores públicos debían:
“Abstenerse durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir, por sí o interpósita persona, dinero, bienes muebles e inmuebles, mediante enajenación a precio inferior al que tenga el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí o para las personas a las que se refiere la fracción 11 (esa fracción incluye a cónyuges y familiares consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado), que procedan de cualquier persona física o moral, cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.”
La misma fracción 12 del artículo octavo que estaba vigente definió como “intereses en conflicto” cuando “los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.
En su respuesta a The Wall Street Journal que publicó en enero de 2015 la mansión de Ixtapan de la Sal de Peña Nieto, el vocero Eduardo Sánchez afirmó que “al presidente de la República no le corresponde participar en los procesos de asignación de contratos”. Una argumentación muy similar a la de Ruiz Esparza desde la SCT. De esa manera, el insólito vocero pretendía negar que hubiera conflicto de intereses entre Peña Nieto y sus amigos.
Si mantienen esa idea, resultaría que todos los amigos y amigas del presidente de la República, de su esposa, de sus hijas e hijo, de sus hermanos y hasta de sus cuñados y concuños pueden seguir haciendo lo que quieran con la administración pública.
Este es el problema real que con tanta claridad se los señaló la revista británica The Economist: “no han entendido que no entienden” la furia de la sociedad mexicana contra los desplantes de corrupción.

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