Si algo va a marcar el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto va a ser la presión inflacionaria que provocaron sus políticas al final de su administración. Esto es especialmente grave y al final es lo que realmente interesa a la población. No importa si el país goza de estabilidad en su macroeconomía, o si es más competitivo para atraer inversiones. Lo que realmente le interesa a la población es su bolsillo. En ese rubro, la gestión de Peña Nieto, quien regresó a Los Pinos bajo el cobijo del PRI, seguramente quedará reprobada, no por los analistas, sino por la mayor parte de los mexicanos. En Hidalgo la situación de los trabajadores es aún peor. En el tercer trimestre de 2016, casi cuatro de cada 10 trabajadores hidalguenses, es decir, 39.1 por ciento, no podían comprar con su salario la canasta básica. Lejos de mejorar, ese indicador empeoró: ahora en el tercer trimestre de 2017 casi cinco de cada 10 trabajadores de nuestra entidad son incapaces de comprar lo mínimo para alimentarse bien. La depreciación de los ingresos laborales se debe a varios factores, pero el principal fue el incremento en los precios, particularmente durante 2017. Paradójicamente, la escalada tuvo como principal motor el aumento en el precio de combustibles: gasolina y gas LP, cuando se supone que con la reforma energética los mexicanos veríamos disminuir su valor. El precio del gas LP, por ejemplo, creció abruptamente, a finales de 2016 el cilindro de 20 kilogramos se vendía en 261 pesos, mientras que desde el 31 de diciembre se vende en 377.60 pesos, esto quiere decir que en un año su precio se elevó 116 pesos, es decir, 44 por ciento más. Esto no puede llamarse de otra forma que un fracaso de la llamada reforma energética. La pregunta es si esta cascada de aumentos será motivo de castigo en las urnas o si, por el contrario, cuatro de cada 10 mexicanos mantendrá su ánimo masoquista y elegirá mantener el mismo proyecto económico. De filón. Esta película no se acaba hasta que se acaba. Tal frase podría mencionarme al hacer alusión al juicio de amparo que interpuso la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) contra el decreto 228 aprobado por el Congreso local, en donde se designan órganos de control internos para entes autónomos.

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