Por fin fue atendida la queja que promovió Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) debido a los actos masivos en los que, tanto el gobernador Omar Fayad como la extitular del programa Prospera, Paula Hernández Olmos, entregaron afiliaciones y otros beneficios sociales en pleno periodo de intercampaña. No obstante, la inconformidad no fructificó pues los consejeros de la comisión de quejas y denuncias del INE consideraron que, al tratarse de actos consumados, ya no había nada que hacer: era imposible reparar los daños. Es decir, a toro pasado, pues ya ni llorar es bueno. El INE también resolvió no emitir ningún pronunciamiento para ordenar a órganos gubernamentales o dependencias públicas que eviten participar en eventos para repartir beneficios, pues no se puede exigir algo que todavía no ocurre. Claro, sin duda no se puede predecir el futuro. Estas resoluciones y argumentos del INE mandan una señal clara para los gobiernos: más vale pedir perdón que pedir permiso. Pero además, sientan un precedente: de ahora en adelante, en periodos de intercampaña, los gobiernos deberían afiliar y repartir recursos públicos para beneficiar a los futuros candidatos de sus partidos. Total, no pasa nada. De filón. No solo preocupa la inacción del INE descrita anteriormente, sino también el inminente riesgo de ser detenido por las autoridades en turno si uno se atreve a denunciar o documentar la entrega irregular de beneficios sociales. Si no lo creen, pregunten a Cristina Sánchez, esposa del candidato por Morena a la diputación federal por el distrito de Huejutla.

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