PGJEH libera aprehensión vs ex alcalde de Santiago de Anaya

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Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), Santiago de Anaya, Fidencio Gachuz Ramírez,

Pachuca.- Por falta de comprobación de recursos y fraude, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) liberó dos órdenes de aprehensión contra el ex presidente municipal de Santiago de Anaya, Fidencio Gachuz Ramírez, declaró el alcalde Jorge Aldana Camargo.

Las órdenes de aprehensión también son contra el ex tesorero municipal Eusebio Cruz Nabor.

Entrevistado previo a la entrega del Premio Estatal de Contraloría Social 2016, el alcalde señaló que Gachuz Ramírez no está en el municipio. “Ya se escondió, pese a que debiera estar en la cárcel”.

Por tanto, “la policía investigadora y el procurador se tienen que aplicar porque es un daño terrible a un municipio indígena tan pobre”.

Una orden de aprehensión deriva de la denuncia interpuesta por la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH) por falta de comprobación de recursos estatales y federales para obra pública.

Y otra orden de aprehensión es por una denuncia interpuesta por una constructora que no recibió cuatro millones de pesos para la construcción de una planta tratadora. “Me sorprendió la agilidad del gobierno del estado, sobre todo de Planeación, para vaciar la cuenta y se pagó la obra sin iniciarla”.

Cobro triple de aguinaldo y daño patrimonial

La alcaldía de Santiago de Anaya inició una denuncia penal por el pago triple de aguinaldos con que fueron beneficiados los ex regidores del cabildo, además de daño al patrimonio municipal y obra pública pagada pero inconclusa, de las cuentas públicas 2015 y 2016.

Los ex regidores ya habían cobrado una primera y segunda parte del aguinaldo y en el Tribunal Electoral de Hidalgo (TEH) demandaron un tercer pago al asegurar que no habían cobrado, lo cual fue validado por los magistrados.

Como parte del daño patrimonial, el alcalde señaló que la pasada administración no dejó vehículos y maquinaria pesada.

A cambio de una obra, Gachuz Ramírez donó una pipa a una comunidad de Yolotepec, cuando fue donada por Petróleos Mexicanos (Pemex) al ayuntamiento y pese a que las donaciones no se pueden enajenar.

Así sucedió con camionetas donadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sin autorización de la asamblea y sin desincorporarlas del patrimonio municipal.

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