Una vez más se confirma que las instituciones responsables de procurar justicia en México son una pantomima, ya que la Procuraduría General de la República (PGR), de nueva cuenta pone en entredicho su función y se convierte en “tapadera” de ilícitos al no ejercer acción penal contra el exgobernador priista de Chihuahua César Duarte Jáquez por la presunta comisión de delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito bancario y defraudación fiscal.
Esta es la verdadera razón por la que la clase política y empresarial corrupta “tiembla” y entra en pánico tan solo con pensar que el candidato ajeno al PRI y PAN gane la presidencia de la República en las elecciones del primero de julio, porque se acabará la impunidad para quienes han abusado y enriquecido con el desvío de recursos del pueblo.
La historia de la PGR está llena de páginas negras, entre ellas, destaca el caso de la “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa, mismo que aún no está resuelto, pues aún los ciudadanos, y la opinión pública internacional, desconocemos cuál fue el paradero de los 43 estudiantes normalistas, quienes desaparecieron después de haber sido detenidos por policías municipales de Chilpancingo, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
Para los casos de presuntos delitos cometidos por prominentes miembros de la clase política y empresarial, la PGR ha sido sumamente indulgente, ya que en muchos casos los delitos que se persiguen resultan sin castigo por “falta de pruebas”, mientras que ha sido una instancia implacable en contra de los “enemigos” del sistema, es decir, de aquellos que se han convertido en una amenaza para los intereses de la élite gobernante o que resultan incómodos porque saben mucho o exigen justicia en caso de impunidad.
Apenas nos enteramos en días pasados que la PGR determinó no ejercer acción penal contra del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez sobre quien pesan 12 órdenes de aprehensión por desvío de recursos y lavado de dinero.
César Duarte Jáquez, quien radica actualmente en Estados Unidos, es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que presuntamente desvió varios millones de pesos públicos para el financiamiento de campañas electorales.
Cabe recordar que Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación, Cultura y Deporte del gobierno de Chihuahua, durante la administración de Duarte Jáquez develó en diciembre pasado la existencia de una red de funcionarios que desviaron varios millones de pesos, dinero que presuntamente recibió el comité ejecutivo nacional del PRI bajo la presidencia de Manlio Fabio Beltrones para el financiamiento de campañas electorales.
El asunto escaló hasta el grado de que el actual gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral Jurado denunció el “castigo financiero” por parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en contra del presupuesto de la entidad que gobierna, en represalia por las denuncias y exigencia de investigación y castigo en contra de su antecesor, el priista César Duarte.
Respecto a la decisión de la PGR de no ejercer acción penal en contra del exgobernador priista de Chihuahua, el mandatario panista Javier Corral comentó: “Es de vergüenza, de escándalo y de un cinismo sin límites del régimen del presidente Enrique Peña Nieto” que la Procuraduría General de la República no ejerza acción penal en contra de su antecesor.
Consideró que “este es un mensaje a la sociedad, brutal: impunidad, exoneración, protección, para los pillos que pertenezcan al PRI; persecución política, uso faccioso de las instituciones de PGR y Hacienda, en contra de opositores políticos al presidente de la República”.
Y no se equivoca al respecto, puesto que la PGR únicamente persigue y castiga a quienes se han convertido en “incómodos” para los intereses aviesos de la élite gobernante, es decir, solo se castiga y se aplica todo el peso de la ley en contra de los “enemigos políticos”, pero despliega el manto de la impunidad a favor de quienes desvían, pervierten y se enriquecen con los dineros del pueblo, así como de los grandes capos de la droga, siempre y cuando “pasen corriente” a los de arriba.
Un cambio en el poder puede resultar conveniente para sacudir la podredumbre que impera en la PGR, la cual es una institución que incumple la función para la que fue creada y se ha convertido en una “tapadera” de corruptos, de abusos y delitos cometidos por prominentes miembros de la clase gobernante, esa que hoy está temerosa del resultado de las elecciones del primero de julio, porque saben que se les terminarán las canonjías y, en una de esas, hasta pueden parar en la cárcel.

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