Pide panista emitir reglamento de protección a periodistas

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Pachuca

El diputado local por el PAN Santiago Hernández Cerón pidió en tribuna que el Poder Ejecutivo emita el reglamento de ley para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y salvaguarda de los derechos para el ejercicio del periodismo, a efecto de que puedan accionarse los mecanismos de prevención a los comunicadores.
Con motivo del 7 de junio, el legislador por el 06 distrito local de Hidalgo con cabecera en Huichapan, expresó que ahora ya nada debe celebrarse porque en estos tiempos ejercer la profesión de periodista en nuestro país implica un riego cada vez mayor.
Sostuvo que el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, ocurrido en Culiacán el 15 de mayo, fue la gota que derramó el vaso de un gremio que está expuesto a sufrir toda clase de agresiones y amenazas, hasta padecer la más grave de todas, que es la muerte solo por cumplir con su deber de informar.
“Como ocurrió en todo el país, en Hidalgo ese homicidio dio lugar a que un grupo importante de medios de comunicación se manifestara reclamando a la autoridad local garantías para llevar a cabo su trabajo sin temor y exigiendo el acatamiento de la ley, al tiempo que se solidarizaron con la prensa nacional por ser víctima de hechos tan lamentables como este crimen”, declaró el legislador del PAN.
Sin embargo, expresó que tiene casi 40 años que en Hidalgo no ha ocurrido el asesinato de ningún periodista, pero también es una realidad que hay otras formas de agresión que fueron acreditadas, incluso provenientes de servidores públicos del Poder Judicial, del Instituto Estatal Electoral y diversas autoridades municipales.
Recordó que en agosto de 2012 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado la Ley para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo, cuyo objeto es garantizar los derechos de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas en la entidad.
Entre las disposiciones que la ley contempla está la creación de la comisión estatal de protección a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas, cuya máxima instancia es la junta de gobierno.
Sin embargo, para garantizar la correcta aplicación de la ley, debió emitirse el reglamento correspondiente en un término de 90 días a partir del 28 de agosto de 2012, lo que hasta ahora no ha ocurrido, así que ni las personas defensoras de derechos humanos y periodistas están protegidos porque no han sido establecidos los mecanismos para que la ley sea eficaz.

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