El coordinador de la bancada morenista en el Congreso local Ricardo Baptista “pintó su raya” respecto a la iniciativa de reforma que presentaron siete integrantes de su grupo legislativo. El pasado martes, los legisladores morenistas Susana Ángeles Quezada, Lisset Marcelino Tovar, Lucero Ambrocio Cruz, Tatiana Ángeles Moreno, Rosalba Calva García, Armando Quintanar Trejo y Víctor Osmind Guerrero subieron a tribuna una iniciativa que busca modificar la junta de gobierno para dividirla en una de coordinación política y otra de administración. Pero además, la reforma plantea mantener rotativa la presidencia de la junta de coordinación política. El artículo 108, en su fracción uno, establece que la presidencia de la junta “será ejercida en forma alternada y por cada año de ejercicio constitucional por los coordinadores de los tres grupos parlamentarios que cuenten con mayor número de diputados. El orden anual para presidir ese órgano será determinado por votación ponderada de los miembros de la junta de coordinación política”. Es decir, en este punto, la reforma mantiene la posibilidad de que la junta de coordinación política sea liderada por las tres principales fuerzas políticas representadas en el Congreso, principio que fue aprobado, como seguramente recuerda el lector, por la mayoría priista en la recta final de la pasada legislatura, cuando ya se sabía que Morena iba a dominar el Congreso local. Resulta desconcertante ver que una fracción de Morena busca ratificar lo que hizo el PRI a escondidas al final de la legislatura pasada. Los diputados que apoyan esa iniciativa, ¿ya olvidaron los golpes que les propinó la policía estatal cuando buscaban impedir que sus antecesores aprobaran la actual Ley Orgánica? El cambio de opinión de siete legisladores morenistas es desconcertante. En este caso hay un gato, pero uno muy grande, encerrado. De filón. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJEH) Blanca Sánchez Martínez reveló que al menos tres jueces en Hidalgo son investigados por presuntos actos de corrupción; dos de ellos permanecen inhabilitados de su cargo y uno opera porque obtuvo un amparo. Un foco rojo si se toma en cuenta el papel fundamental que un juez tiene para la salud de cualquier democracia.

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