La mañana de ayer el gobernador Omar Fayad Meneses presentó un plan para sortear o contrarrestar los perjuicios que trajo consigo el llamado gasolinazo. El mandatario dijo que las medidas permitirán un ahorro de mil 400 millones de pesos y tales recursos serán dirigidos a los rubros de salud, seguridad y educación. El plan, quizá por la premura con que se llevó a cabo, parece más bien un conjunto de medidas ambiguas que no tendrán efecto alguno sobre el sí contundente resultado del incremento a los combustibles. Quizá la medida más destacada de las 20 que anunció ayer el mandatario estatal es la decisión de no aumentar la tarifa del transporte público, lo que impactaría a un millón 700 mil viajes diarios “sin costo adicional”. Esa decisión, empero, no trae fecha de caducidad: no dice si estará vigente todo el año o si solo será un par de meses en los que el gobierno estatal impedirá un aumento a las tarifas del transporte. Aunque, como están las cosas –en febrero habrá otro gasolinazo–, será difícil que el gobierno llegue a diciembre sin permitir el ajuste en las tarifas. A menos que prepare un subsidio, lo cual se ve muy complicado dada la astringencia presupuestal. Pero, por otra parte, hay otras medidas anunciadas que parecen poco serias, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, la de abastecer a tiempo y de manera total de medicamento a hospitales y centros de salud. ¿Qué no es obligación del gobierno estatal proveer a toda la infraestructura hospitalaria? Otro ejemplo: el gobierno plantea esquemas de financiamiento para disminuir el consumo de combustible, plan que prevé, suponemos, la compra de 400 taxis y 100 autobuses más eficientes. No obstante, el plan propone 20 millones de pesos para llevarlo a cabo. Pero las cifras no cuadran. ¿Cuántas unidades se pueden financiar con 20 millones de pesos? Suponemos que es para sustituir vehículos que no estén en buen estado, pero ¿alcanza con 20 millones de pesos para otorgar crédito y renovar 100 autobuses? Otra acción cuestionable es aquella que plantea “gestión” para que 21 mil choferes y sus familias se afilien al Seguro popular. Es decir, con esa acción el gobierno asumiría el rol de “coyote” para que los choferes accedan a este derecho. No obstante cualquier trabajador puede hacerlo por su propio pie. También Fayad expresó que su gobierno impulsará el establecimiento de gasolineras “de todas las marcas” en el estado para lograr precios competitivos en los combustibles. Esta es, quizá, la medida más acertada y que está realmente relacionada con el impacto que ya tiene el gasolinazo. Las medidas en general se antojan insuficientes e incluso improcedentes. No hubo, ni siquiera, un anuncio para bajar los sueldos de funcionarios como se hizo en otros estados de la República. De filón. El aún presidente electo Donald Trump sigue con sus amenazas contra la industria automotriz. Ahora fue contra la alemana BMW, empresa que, por cierto, estuvo a punto de invertir en Hidalgo aunque finalmente se decidió por San Luis Potosí. ¿Y los gobiernos no van a presentar un plan para hacer frente a la administración de Donald Trump?

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