“Dedicada a los manifestantes de la marcha por los derechos animales”

Existe un interés intrínseco por detener los avances de la causa animal en Hidalgo. A sabiendas de la necesidad de elementos jurídicos para procurar la justicia de los animales no humanos, las autoridades han implementado un plan sistemático para detener el progreso del derecho animal en Hidalgo.
Llámense mesas o reuniones de trabajo, o hasta eventos con grandes celebridades, este se ha vuelto un método eficaz para aplazar el desarrollo de políticas públicas en el tema de bienestar animal. Bajo el lema de ser un gobierno cercano a la sociedad, diversas instancias y funcionarios se han acercado a los protectores animales con el fin de generar avances en la protección de estos, pero ¿cuántas de esas reuniones han culminado en planes efectivos para erradicar esa problemática social?
Hasta el momento suman más de 20 reuniones y ninguna ha logrado concretar un reglamento a nivel estatal que sustente la Ley de Protección y Trato Digno de los Animales, ni reglamentos municipales de bienestar animal; tampoco estrategias para atender uno de los retos del Programa nacional de prevención de la rabia, que es transitar del sacrificio a la esterilización canina; mucho menos se ha logrado que los municipios atiendan conforme a la ley la problemática de sobrepoblación canina.
Parte de esa sistematización política, no solo detiene las acciones necesarias para lograr el bienestar animal, sino que favorece el nepotismo y la interacción de personas poco preparadas en las políticas públicas de protección animal, pues quienes resultan asesorar esas iniciativas son quienes más lazos políticos tienen y no quienes cuentan con la preparación académica para hacerlo.
Gracias a ese favoritismo, los pequeños logros que se alcanzan terminan por no tener pies ni cabeza y, por ende, no resuelven el complejo entramado de la causa, lo que deja a los activistas sin medios siquiera para exigir la justicia por los animales maltratados, y desde el ámbito político suena bien decir “estamos trabajando en el tema”, cuando la sociedad está resolviendo el problema por ellos.
Y es así como las iniciativas de organizaciones que están fuera de la política quedan en la congeladora, tal es el caso del programa Sacrificio cero que propuso Biofutura ante la subsecretaría para la participación social y fomento artesanal, la cual prevé cumplir con la meta nacional de transitar del sacrificio canino a su esterilización, documento que hasta la fecha ha sido postergado infinidad de veces, ello a pesar de que la institución implementó el ya conocido método de aplazamiento de bienestar animal llamado “mesas de trabajo”.
Gracias a estos subliminales mecanismos de espera, los animales siguen viviendo en un mundo de terror a pesar de contar con leyes que procuran sus derechos y las autoridades siguen recibiendo un ingreso por demás elevado, si lo comparamos con el ingreso de cualquier protector animal, y la gravedad del asunto oscila en que ninguno de estos funcionarios tiene la intención fidedigna de atender el tema fuera de la pose fotográfica para publicar en redes sociales; si fuese así, establecerían plazos e indicadores para evaluar los avances en el tema, pero no, no existe tal plazo y no hay indicadores para evaluar la eficiencia de las instancias, así como el gobernador del estado Omar Fayad Meneses ha establecido para las diversas secretarías que conforman el gobierno del estado.
Aquí no existe esa evaluación, las instancias que atienden la causa animal son instituciones olvidadas por los gobiernos y con ello dan pie a la impunidad, que afecta sobre todo a los que no pueden defenderse; ejemplo de ello es que seguimos teniendo en el Centro de Control Canino a un encargado que tras varios años de administración no ha gestionado un solo recurso para cambiar la dinámica de ese espacio, porque, como todos los mencionados, están preocupados por ocupar un cargo, pero no de trabajarlo.

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