Plantean prisión para funcionarios que nieguen servicios

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La pena sería de uno a cinco años y multas de 4 mil 344 a 26 mil 64 pesos

Pachuca.- Funcionarios que nieguen o retarden servicios podrían ir a prisión de uno a cinco años y obtener multas de 4 mil 344 a 26 mil 64 pesos, según la iniciativa presentada ayer ante el Congreso local por la diputada Areli Miranda Ayala.

De acuerdo con la exposición de motivos, la idea es adicionar un capítulo denominado “Negación del servicio”, así como un artículo al código penal estatal, con la finalidad de castigar a los empleados públicos que nieguen o retarden a los particulares la protección, auxilio o asistencia que tengan obligación de otorgarles.

La importancia de esa propuesta, puntualizó Miranda Ayala, radica en que existen diversos servicios de carácter primordial para el desarrollo de una sociedad, como la impartición de justicia, seguridad, bienes esenciales, de salud, educación, entre otros.

Lo anterior, ya que al no contar con estos, los habitantes podrían sufrir alguna afectación de difícil o imposible reparación; por lo que consideró importante sancionar la omisión de la prestación por parte de la administración pública o a un particular, llevada a cabo por un funcionario o autoridad que en su actuar traiga afectaciones.

Por ejemplo, detalló que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, a nivel República durante 2018 fueron denunciados solo el 10 por ciento de los delitos, y de esos el Ministerio Público (MP) inició una averiguación previa o carpeta de investigación en únicamente 63.9 puntos porcentuales de los hechos.

Además, en el caso de Hidalgo “la cifra negra de ilícitos, es decir, aquellos que fueron cometidos, pero las víctimas no interpusieron una querella ni iniciaron una carpeta, fue de 91 por ciento durante el año de referencia”.

Dentro de las principales razones para no denunciar, según el documento, destacan la pérdida de tiempo, en 31.7 por ciento; desconfianza en la autoridad, 17.4; tramites largos y difíciles, 8.9; actitud hostil de la autoridad, 4.3, y miedo a extorsiones, en 0.8 unidades porcentuales.

La asambleísta agregó que es posible notar que dentro de los principales motivos para no interponer una querella está siempre presente la tramitología, actitud y miedo ante la autoridad, lo que hace necesario generar acciones al respecto como la propuesta antes plateada.

La idea es evitar daños incluso irreparables por esas omisiones

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