Mario Cruz Cruz

Profesor Investigador de la UAEH

Soledad Espinoza Lozano

Profesora del ICEA

Durante más de ocho décadas Hidalgo no ha conocido la alternancia política, porque desde la posrevolución hemos estado a merced de los gobernadores emanados del partido oficial. Los políticos que hemos elegido hasta ahora han recaído en personas pertenecientes a un grupo que sigue cuidando celosamente una parte del engranaje de poder establecido por la vía del convencimiento (compra de votos y voluntades) o por el uso de la imposición (acallando las voces de protesta y pensamiento crítico).
Esa oligarquía local, autollamada demócrata, ha conseguido para la entidad las peores cifras de pobreza a nivel nacional; Hidalgo se encuentra dentro de las 10 entidades más pobres de México (Coneval, 2016), lo que significa que más del 50 por ciento de nuestro pueblo es pobre, muy a pesar de las excelentes condiciones geoeconómicas y geoestratégicas del territorio hidalguense que le permitirían, si existiese la voluntad política, salir adelante.
Asimismo, tenemos las peores cifras de competitividad del país, lo que nos coloca dentro de los 13 estados menos competitivos (Imco, 2016), porque no existe suficiente inversión para la ciencia y la tecnología, ni para la construcción de una estrategia de industrialización y generación de empleo de largo plazo, porque eso atentaría contra el sistema clientelar de las élites que les genera votos, por ello es mejor sacrificar la productividad y el desarrollo de los hidalguenses.
Por otra parte, respecto a los indicadores de corrupción, Hidalgo se encuentra dentro de las 10 entidades más corruptas de México (Transparencia Mexicana, 2017); muchas historias hemos conocido de las prebendas, intereses, compadrazgos y desvíos de recursos públicos cometidos por diversos políticos recientemente. De hecho, en diversos trabajos académicos (Cruz, 2018) se destaca que gran parte de la población percibe que la corrupción en Hidalgo se concentra en el Ejecutivo del estado.
Dos reflexiones se desprenden del análisis de esa triada que distorsiona la función pública y que hemos heredado por la falta de profesionalización de los funcionarios y la ausencia de alternancia política:
1. El esquema de enquistamiento político tiene muchos años arraigado y es poco probable que los hijos de profesores, obreros o campesinos preparados accedan al poder político para la toma de decisiones en la vida pública; para que eso suceda en esta entidad debes de pertenecer a la gran familia política, o algún grupo caciquil en las regiones. Pocas son las excepciones de hijos e hijas de las clases pobres que han podido involucrarse con el poder político, porque aunque estén formados profesionalmente, comúnmente el lugar está reservado para el amigo, el familiar y el compadre que perpetuará esa forma de gobernar.
2. Diversas ciudades de la República (Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara por ejemplo) han elegido la alternancia política y han logrado que sus indicadores de pobreza, competitividad y corrupción sean extremamente opuestos a los nuestros. Ello significa que, al igual que la famosa ley de la oferta y la demanda de los economistas clásicos, es necesaria la competencia, que nos permita elegir al mejor proveedor de la política, el más capaz y que su contrato resulte beneficioso para la ciudadanía en el largo plazo, a riesgo de ser sustituido por el electorado en cada elección sin importarle el color de partido. Esa es realmente la congruencia y la racionalidad política que se requiere construir.
La moneda está en el aire y los hidalguenses decidirán el próximo primero de julio si eligen iniciar el camino de la alternancia o prefieren dar continuidad a los indicadores de atraso que le costará el futuro a nuestros hijos.
Somos libertad en curso diría el filósofo Jean Paul Sartre y podemos decidir bajo nuestra respetable voluntad, pero también es prudente llamar en esta importante decisión a la sabiduría popular con el refrán mexicano que dice que el que por su gusto es buey, hasta la coyunda lame.

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