Raúl García García

La pobreza es un tema analizado por diferentes disciplinas, también de la agenda pública, el cual parecería eternamente inacabado, es tema de fuertes debates entre académicos, políticos y sociedad en general; en ese sentido, es sumamente complicado definir qué es la pobreza, es un concepto polisémico con diferentes alcances, definiciones e interpretaciones. Por lo que en las presentes reflexiones se centrarán en dos matices, en una entendiendo a la pobreza no solo como la falta de ingresos, sino también la falta de acceso a servicios de salud, seguridad social, infraestructura de comunicación, servicios públicos en la vivienda como agua, drenaje, energía eléctrica; la precariedad de las condiciones de la vivienda como son tipo de suelo, padres, techo, acordes a sus condiciones climáticas y carencia a una alimentación balanceada. Esos solo son algunos de los derechos sociales que condiciona la calidad de vida de los individuos, pero podrían incluirse más, por ejemplo, vivir en climas de paz y de seguridad pública, respeto a los derechos humanos, todo lo anterior vinculado al segundo matiz, las políticas sociales.
Los escenarios en México con referencia a los números de pobreza son poco alentadores; por ejemplo, de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo en México, para que una familia salga de la pobreza necesitaría 150 años para acceder a niveles de mayores ingresos económicos, de esa manera se pude interpretar que la pobreza es intergeneracional, la pobreza se hereda, es un a factor de nula movilidad social ya que pasarán mínimo cinco generaciones para poder disminuir la desigualdad económica. Por ello se hace imperante que la próxima legislatura, el Poder Ejecutivo, aborden la desigualdad y pobreza persistente en la población, con la formulación de políticas sociales orientadas a los grupos poblaciones más desfavorecidas: niños, mujeres, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad, jóvenes, entre otros.
En México, la principal estrategia de atención a la pobreza en los últimos 20 años son las políticas sociales focalizadas, las cuales se caracterizan por seleccionar un grupo de sujetos de diferentes beneficios sociales, son prestaciones restringidas, principalmente la trasferencia económica condicionada; lo cual resulta verdaderamente complejo, porque el individuo necesita demostrar que tiene determinada carencia o rezago social, aun cuando se encuentra en las mismas condiciones sociales que otro sujeto, y con otras carencias; ejemplo de esas estrategias en México son los programas Progresa, Oportunidades, hoy llamado Prospera, los cuales están destinados a tres indicadores: educación, salud y alimentación. Y por otro lado se tienen las políticas sociales universales, que son aquellos beneficios de asistencia social destinado todo a un universo de población específico, sin ningún criterio excluyente; un ejemplo de esos programas son el de Pensión alimentaria a adultos mayores en la Ciudad de México, en el cual deben ser beneficiados todos los adultos mayores.

De esa manera, los programas universales buscan evitar situaciones de privaciones, en tanto que los focalizados van dirigidos a privaciones ya detectadas, el primero es proactivo y el segundo es reactivo.

En el caso de los programas de focalización son de tipo excluyente, ya que el beneficio es a nivel individual y no colectivo, esas medias a mediano plazo también fragmentan la convivencia social ya que en una misma localidad con condiciones de pobreza y marginación solo unos cuantos reciben el beneficio y la otra parte solo se vuelve observadora de dicha situación.

En las políticas sociales focalizadas se presentan problemas de falta de trasparencia en la asignación de los beneficios, ya que en muchos de los casos se hace un uso clientelar de a quién se benéfica y a quién no, volviéndose una media tecnocrática, ya que depende de una medida oficialista quien es pobre y quien no lo es. A partir de ello no hay que perder de vista que ese tipo de medias generan un aparato burocrático obeso, el cual requiere de gastos económicos, que en lugar de llegar a la gente más necesitada, se va en gasto corriente.

Por ello, la siguiente administración pública tiene en sus manos el optar por continuar con un programa excluyente y clientelar, a pasar a políticas sociales universales que incluyan la participación de la comunidad para legitimar las políticas sociales; tal medida no es fácil ya que requieren ser analizadas cada una de ellas en particular y más aún cuando se tiene a cerca de la mitad de mexicanos en pobreza, una amplia desigualad social y una limitada capacidad de financiamiento.

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