Ricardo Ravelo.-

Tierra de capos y “lavadores” de dinero, la Comarca Lagunera es una región donde el narcotráfico y todas las versiones del crimen organizado operan con absoluta impunidad. La Policía forma parte de los cárteles de la droga que ahí operan, los hombres poderosos, los dueños del dinero, imponen su ley y no existe autoridad alguna que ponga freno a la violencia que campea por doquier. Es tierra de nadie.
En este escenario de violencia y de impunidad se maneja el periodista Juan Monreal López, propietario de la revista impresa y electrónica El Demócrata Norte de México, quien hace unos días fue demandado por daño moral.
Quien lo acusa es Leticia Herrera Ale, exalcaldesa de Gómez Palacio, Durango, quien es hija del extinto empresario Carlos Herrera Araluce, durante años señalado como el padrino de la droga en La Laguna.
Juan Monreal ha realizado una labor informativa muy valiente en esa región y sin duda que por esa razón su vida corre peligro. Ha sido amenazado de muerte en varias ocasiones y ahora está enfrascado en un juicio con una de las familias más poderosas de Durango, por décadas señalados públicamente de servir a los intereses del narcotráfico y al lavado de dinero.
Hay que recordar que antes de morir, el señor Carlos Herrera, fundador de la empresa Chilchota, fue atacado a balazos por un comando armado, presuntamente Los zetas –cártel que arribó a la Comarca Lagunera enfrentándose a los cárteles de Sinaloa y de Juárez– porque se aseguraba que Herrera era el que otorgaba las concesiones a diversos grupos criminales.
Esto lo dijo Enrique Ruiz Arévalo en 2007, horas después de haber sido secuestrado en Torreón, Coahuila. El coordinador antisecuestros fue llevado a una casa de seguridad donde le vendaron los ojos y fue interrogado bajo tortura. Luego fue asesinado. Ni su cuerpo apareció.
En un video estremecedor, difundido por los medios de comunicación, Ruiz Arévalo declaró que Carlos Herrera estaba involucrado en el narcotráfico, que él asignaba las plazas a los grupos criminales y mencionó que su escolta cuidaba a una de las esposa de Joaquín Guzmán Loera cuando visitaba La Laguna, a donde con frecuencia iba de compras.
Todo esto forma parte de una historia documentada y pública. Por eso no es un caso menor el que enfrenta Juan Monreal López, quien ha solicitado el apoyo de amigos y colegas, así como del gobernador de Durango José Rosas Aispuro, cercano a Leticia Herrera, para que frene el conflicto. Pero ni el gobernador ha podido resolverlo. Ante Leticia Herrera, Rosas Aispuro se debilita. Le tiene miedo, se asegura.
El encono entre Juan Monreal López y Leticia Herrera surgió porque la exalcaldesa de Gómez Palacio se ha molestado por las publicaciones que ha hecho Monreal respecto a la corrupción en el ayuntamiento duranguense, los negocios al amparo del poder, como la adquisición de terrenos, entre otros. También porque se le ha cuestionado debido a sus prolongadas ausencias.
Pero quizá lo que más molestó a Leticia Herrera fue una nota en la que Monreal dio a conocer que Paco Bardán, quien fue coordinador de la campaña de Leticia Herrera, tiene un pasado criminal: cuando fue funcionario del área de alcoholes en Coahuila fue sorprendido por agentes federales en posesión de armas, pastillas psicotrópicas y bolsas de cocaína, según escribió Monreal.
Por esa razón fue detenido y encarcelado. A través de diversas maniobras políticas y tráfico de influencias, Bardán fue liberado bajo el argumento de que la droga que le hallaron había sido sembrada y sus abogados aludieron que los responsables de ese hecho fueron los dueños de bares y cantinas afectados con las clausuras de sus negocios. Cierto o falso, el hecho es que Bardán reapareció al lado de Leticia Herrera como su coordinador de campaña a pesar de sus antecedentes.
Juan Monreal es quizá uno de los periodistas mejor informados de La Laguna. No es el único que ha enfrentado denuncias por daño moral. Otros, sin embargo, no han sobrevivido para contar sus experiencias, pues han sido asesinados o desaparecidos por el poder criminal impune que impera en La Laguna.
La situación que enfrenta el periodista es del conocimiento público y de las autoridades: las quejas por el acoso y las amenazas que enfrenta son del conocimiento del gobernador de Durango, también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Congreso de la Unión y de la Secretaría de Gobernación.
No hace falta decir que Juan Monreal corre peligro y en cualquier momento puede ser asesinado si las autoridades no intervienen para frenar este conflicto.

Está por verse en los tribunales si el periodista incurrió en daño moral. Hasta donde se puede analizar, el periodista no ha mentido. Lo que ha hecho público está sustentado en hechos y en documentos. No hay dolo. Tampoco malas intenciones, como alega Leticia Herrera en su demanda. En todo caso el periodista estaría en todo su derecho de acusar a la exalcaldesa de Gómez Palacio de amenazas de muerte y de un persistente acoso por parte de sus colaboradores.
No hay que olvidar –y se espera que las autoridades no soslayen este hecho– que Leticia Herrera proviene de una familia poderosa y con muy mala fama en La Laguna. A su padre se le atribuyeron varios hechos, desde narcotráfico hasta presuntos asesinatos que jamás se han investigado. Un caso, por ejemplo, fue el asesinato de tres pilotos que se hospedaron en un hotel propiedad de Herrera. De ahí fueron secuestrados, presuntamente por Sergio Villarreal Barragán, el Grande, quien había ordenado darles “piso”. El Grande, según los señalamientos de Ruiz Arévalo, era el jefe de la plaza del narcotráfico en La Laguna, posición a la que arribó con la venia del señor Herrera Araluce, según declaró Ruiz Arévalo antes de morir.
Estas y otras historias dan cuenta de qué tipo de personas son las que ahora tienen a Juan Monreal en situación difícil. Es la guerra entre la prensa crítica y el poder criminal.
Juan Monreal puede ser asesinado en cualquier momento. Y las autoridades de Durango lo saben, pero nadie hace nada.

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