Lo que mal inicia, mal acaba, reza el adagio. La opacidad con la que fueron electos los concejos municipales por el Congreso estatal se ve reflejada en las ocho denuncias que sobre su escritorio tiene la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en Hidalgo. Las canonjías que rodean algunos nombramientos, nos llevan a tener concejales dóciles, improvisados y al servicio de los partidos políticos que los colocaron en el puesto, aunque sea de carácter transitorio. No resulta coincidente que la comisión de gobernación del Poder Legislativo hidalguense presidida por el priista José Luis Espinoza Silva retrasara el dictamen de los 84 órganos municipales.

A dos semanas de que concluyan las campañas para renovar los ayuntamientos, el proceso electoral abre un vértice de corrupción, que debe ser castigado conforme a derecho, si es que se pretende recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.


El fiscal Sergio Zúñiga Hernández informó que las denuncias van desde presuntos apoyos, como el préstamo de unidades oficiales a candidatos o partidos o proselitismo dentro de edificios públicos en horario laboral. Se trata de violaciones flagrantes a la normativa electoral, que de ninguna manera deben ser solapadas por la fiscalía. Los ocho presidentes involucrados, que por presunción de inocencia no fueron mencionados, tendrán mucho qué explicar. Zúñiga Hernández informó que los concejales municipales al ser designados con esa figura se convirtieron en funcionarios públicos, por lo que en caso de comprobarse las denuncias podrían enfrentar sanciones, que van desde apercibimientos hasta nueve años de cárcel. Los nuevos tiempos requieren instituciones fuertes y confiables, alejadas de la corrupción y de la impunidad que dominó al aparato electoral. A México le urge recuperar la credibilidad ciudadana, castigar a los dóciles concejos sería un buen comienzo. De filón. A la basura se fueron los programas de canje de armas implementados en pasadas administraciones. Hidalgo promedió 22 artefactos de fuego por cada 100 mil habitantes registrados de 2018 a 2019, periodo en el que 275 personas fueron asesinadas por disparos.

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