Podrá UIF bloquear cuentas sin autorización de un juez

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autorización de un juez

Ese recurso se aplicará cuando existan investigaciones contra personas que podrían estar relacionadas con los delitos de financiamiento al terrorismo o “lavado” de dinero

Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que permitirá a la unidad de inteligencia financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, bloquear cuentas bancarias sin necesitar la orden de un juez.

Ese bloqueo se aplicará cuando existan investigaciones contra personas que podrían estar relacionadas con los delitos de financiamiento al terrorismo o “lavado” de dinero.

La ley fue aprobada con 45 votos a favor y 27 en contra, el pleno del Senado avaló que la UIF pueda bloquear cuentas sin que exista una orden judicial.

Impulsada por Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, la ley indica que la unidad podrá introducir a una persona a la lista de bloqueos cuando existan indicios suficientes de que está relacionada con hechos de financiamiento a grupos terroristas o con operaciones con recursos de procedencia ilícita o asociados a delitos.

La minuta enviada por la Cámara de Diputados fue modificada por los senadores en dos formas: la primera indica que será una institución bancaria, y no la UIF, quien notifique por escrito a las personas implicadas; y la segunda, las entidades financieras no estarán limitadas a hacer del conocimiento del cliente que ha sido incluido en la lista de bloqueo.

El procedimiento que se debe seguir es que, una vez que se ordene el bloqueo, se abrirá un espacio de 10 días hábiles para que el interesado presente pruebas o alegatos en contra de la medida.

Si es considerado necesario por la institución, ese plazo podría ampliarse por 10 días más.

Cuando se cumpla el tiempo para realizar alegatos, la UIF tendrá 15 días hábiles para determinar si se concluye con el bloqueo o si se mantiene en la lista al implicado.

La medida cautelar que se establece en la ley se cumplirá cuando haya una obligación internacional solicitada a México o por el cumplimiento de una determinación adquirida por un organismo internacional que cuente con atribuciones reconocidas por las autoridades mexicanas.

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