Mario Cruz Cruz

Profesor investigador ICEA-UAEH

Víctor Manuel Saavedra Salazar

Profesor de la UdeG

A poco más de una semana de haber iniciado las campañas electorales, uno de los temas más urgentes para la sociedad mexicana y más ausentes en las plataformas políticas, ha sido qué estrategia piensan seguir quienes aspiran a la presidencia de la República sobre las policías en el país.
Hay una situación que se da en mayor o menor grado en todos los países de nuestro continente y tiene que ver con la forma en que los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley (como define la ONU a los policías), conviven con la sociedad y con situaciones criminógenas, con criminales y en general con situaciones donde el orden público se ha roto y la constante es el conflicto.
Ciertamente hay factores culturales, institucionales y del marco jurídico que hay que analizar para proponer nuevas formas de emplear a las fuerzas del orden para que el uso legítimo de la violencia, que está reservado para el Estado, conserve precisamente su componente de legitimidad.
Entre los elementos que se pueden rescatar para el análisis en esta columna se destacan cuatro: el poder de las redes criminales para enquistarse en el seno de la sociedad, es decir, la base social con que cuentan muchas expresiones del crimen; la capacidad de fuego con que cuentan las bandas criminales; la poca preparación de las fuerzas disuasorias del delito en la mayoría de las naciones, y en que México no es la excepción; y como cuarto punto, lo controvertido del papel que juegan los derechos humanos en el combate al crimen.
1.- Las diferentes expresiones del delito obedecen a la sociedad en que se gestan. La variable cultural juega un papel muy importante al intentar una aproximación para comprender, por ejemplo, qué motiva a los habitantes de una comunidad (pongamos por ejemplo el caso de algunas localidades que conviven con los huachicoleros e incluso les protegen por los beneficios económicos que perciben) a brindar protección y apoyo logístico a grupos criminales que se constituyen en una suerte de articulador de la convivencia diaria.
Es sabido que ciertos grupos criminales ofrecen empleo, ciertos márgenes de seguridad y la oportunidad de aumentar el poder adquisitivo de los sujetos que en condiciones dentro de la legalidad difícilmente estarían en condiciones de jugar su papel de homo economicus en una sociedad que privilegia el consumo. En otras palabras, cuando hay ausencia de Estado alguien más suple el papel de activar la economía, de otorgar satisfactores, brindar seguridad e incluso recolección de impuestos en su modalidad de cobro de derechos de piso, por ello, el Estado no debe dejar marco a la impunidad en ningún frente.
2.- El poder adquisitivo con que cuentan los grupos criminales les permite comprar armamento ante el cual la fuerza policial convencional poco tiene qué hacer. Y no se trata únicamente de la cantidad de armas que tienen, sino de el tipo de armamento: rifles de asalto, armamento con capacidad antiaérea y en algunos casos hasta material bélico como granadas y minas.
3.- La escasa preparación de la mayoría de las fuerzas policiales en América Latina, hace que el trabajo del policía sea deficiente, lo cual se traduce en violaciones constantes a la ley, corrupción al interior de las fuerzas del orden y fallas en los operativos policiacos, lo cual puede degenerar en policías o ciudadanos muertos, en sustitución de policías por fuerzas militares o en ciudadanos que temen más al policía que al delincuente.
4.- Por último, pero no por ello menos importante, la capacidad estatal de proteger los derechos humanos parece diluirse y la sociedad pareciera estar dispuesta a sacrificar sus derechos fundamentales en aras de obtener condiciones de seguridad pero que desafortunadamente en el caso mexicano, se ha llegado a extremos en que ciudadanos se ven atrapados en la línea de fuego, y casi siempre se ven afectados al punto de ver en riesgo el derecho supremo de cualquier persona humana: la vida, sin mencionar que se hay lugares en que ya no hay ni derecho real al libre tránsito sin temor de verse afectado en sus bienes jurídicos tutelados por delincuentes o por uniformados.
¿Qué pasa con el orden jurídico y los derechos humanos?, ¿qué pasa con los derechos laborales del servidor público que es policía?, ¿qué pasa con los candidatos que hasta el momento parecen no tener claridad al respecto y a lo más que han llegado es a proponer continuar simplemente con la fórmula gastada de las tres “P”: más policías, más pistolas y más patrullas?
En la próxima elección hay diversas preocupaciones, una de ella es la seguridad, misma que pasa por las condiciones en que trabajan, conviven y sobreviven los policías en nuestro país, así como el entramado jurídico e institucional que les da forma. No plantearnos alternativas en eso es condenarnos a seguir con el sembradío de muertos en que hemos convertido nuestro país. Eso no es justo y no lo merecen nuestros hijos.

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