Políticas sociales y políticas públicas enfocadas a lo familiar

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El proceso de formación de familias se ha modificado de manera importante a partir de los cambios ocurridos en el país desde fines del siglo XX, entre los cuales destaca la disminución de las tasas de fecundidad y de mortalidad, ocasionando un aumento de la población en edades reproductivas. Han surgido nuevas familias, presentándose también modelos de nupcialidad más complejas, donde sobresalen las separaciones o divorcios y otros tipos de uniones conyugales.
Estos cambios han afectado primordialmente la vida de las mujeres, lo cual, a su vez, ha generado un cambio en el ámbito de las ideas y las valoraciones relacionadas con una creciente pérdida de importancia del poder y control patriarcal, religioso y del estado (García y Rojas, 2002). A la luz de las transformaciones en el contexto nacional, se puede aseverar que el modelo de familia tradicional ya no es acorde con el de hombre proveedor y mujer dedicada solo a las labores domésticas. Ahora son más frecuentes las familias en donde ambos cónyuges trabajan y la suma de ingresos pretende contener las grandes carencias económicas. Tal situación redunda con gran intensidad al interior de la vida de las familias, ocasionando dificultades entre todos los integrantes del hogar y, a su vez, generando inconvenientes en las relaciones y vínculos en el interior de las familias y entre estas y las instituciones públicas, privadas o sociales.
Los cambios estructurales y la diversidad de situaciones en el ámbito familiar demandan enfoques diferenciados de las políticas públicas. Es frecuente que el diseño de tales políticas y programas sea dirigido hacia las mujeres, al ser consideradas como las principales responsables del bienestar de las familias, bajo el concepto del rol tradicional asignado a las mujeres.
Es recomendable que la conceptualización de la familia implícita en las políticas públicas deba contener la diversidad de arreglos familiares existentes en el país, región o zona de acuerdo a su estructura, ciclo vital, jefatura y estratos de pobreza. También debe considerar las necesidades diferenciales de sus miembros y las repercusiones que los cambios propuestos podrían tener en alguno de ellos, garantizando la distribución de los recursos otorgados a las familias y lleguen a los integrantes más vulnerables. El no considerarlos puede derivar en la exclusión de formas alternativas de organización familiar e incrementar su vulnerabilidad. Tal escenario demanda cambios y ajustes de los sistemas de género y autoridad, reclama la articulación e innovación de las políticas públicas, exige profundas readaptaciones grupales e individuales para negociar y consensar nuevos acuerdos y soluciones entre todos los actores políticos, sociales y económicos. El contexto ha presionado a las familias para cambiar su configuración, funciones y roles de sus integrantes para dar respuesta a las demandas emergentes del campo laboral y a políticas públicas restrictivas; sin embargo, las instituciones públicas y las empresas siguen fomentando una visión estereotipada, idealizada e inmutable de la familia tradicional (Ordaz B, 2011).
La diversidad de los hogares y de las familias se espera siga incrementando en los próximos años, entre ellos, los hogares unipersonales, principalmente de personas adultas mayores y se sigan modificando las relaciones internas de poder y de división del trabajo entre los géneros. Las nuevas políticas hacia las familias deben estar dirigidas a proporcionar y no restringir las expectativas individuales, procurando los recursos necesarios para el bienestar de todos sus integrantes. Todavía se debe analizar las formas en que los grandes procesos continúan afectando a las familias, la vida cotidiana, el consumo e ingresos, las maneras en que la dinámica demográfica seguirá transformando las estructuras familiares.
Aun persiste en el diseño de las políticas públicas el estereotipo de familia tradicional, que no corresponde con los cambios en los arreglos familiares y obstaculiza los avances en integración e inclusión social para las familias. Hacerlo desde la perspectiva de género adaptándose a las nuevas realidades sería lo conveniente para enfrentar dichos retos.

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