Ponen en Nopala freno a gasoducto

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Nopala,freno a gasoducto

Por el cobro de la licencia de construcción que pretende hacer el gobierno local

KARLA OMAÑA / AGENCIA
REFORMA
Ciudad de México.-En Nopala se detuvo hace unos días la construcción de un gasoducto de TransCanada por el cobro de la licencia de construcción que pretende hacer la autoridad local.

El gasoducto Tula-Villa de Reyes permitirá llevar gas desde Tuxpan al centro del país, cuya obra registraba un avance del 72.4 por ciento al 21 de julio, fecha en que expiró su permiso municipal.

En agosto de 2017, cuando inició la obra, la empresa pagó 850 mil pesos de permiso y hoy el municipio exige un pago 100 veces superior, de 90 millones de pesos.

La firma tiene un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para construir y operar el gasoducto, que tiene una longitud de 418 kilómetros con una inversión inicial de 554 millones de dólares y pretende operar en noviembre de 2019.

En julio de 2016, TransCanada obtuvo la licencia de uso de suelo y de construcción en Nopala realizando un pago de 854 mil 261 pesos, según la Ley de Ingresos municipal vigente.

La licencia protegía 32 mil 272 metros de longitud por un metro de ancho de zanja y tenía una vigencia de dos años a partir de su expedición.

El 11 de agosto de 2017, la empresa notificó al municipio el inicio de la construcción. Sin embargo, según información de CFE, apenas un mes después, el 4 de septiembre, el presidente municipal David Padilla Guerrero notificó a la firma la cancelación de las licencias.

El argumento fue que la vigencia era excesiva y solicitó que el derecho de vía se extendiera a un ancho de 30 metros, es decir, 30 veces más de lo que el transportista requiere para la instalación del gasoducto.

Para seguir operando, TransCanada promovió un juicio de amparo el 29 de septiembre de 2017, a cargo del juez Fredy Francisco Aguilar, quien determinó que la empresa cumplió con los requisitos y la determinación del presidente municipal era ilegal.

Padilla Guerrero presentó un recurso de revisión y este fue desechado por notoriamente improcedente, según CFE.

El conflicto se complicó porque en diciembre de 2017 Padilla Guerrero propuso un cambio a la Ley de Ingresos Municipales para el ejercicio 2018, misma que fue aprobada por el Congreso local.

En dicha ley estableció un monto de 94 pesos por metro cuadrado para las licencias de construcción de ese tipo de proyectos.

Para Padilla Guerrero el freno del gasoducto no fue por el aumento en las licencias de construcción, sino porque la empresa incumplió con los requisitos para obtener permisos y licencias.

El retraso en la construcción tendrá como efecto una entrada en operación posterior a la prevista y mayores costos para la empresa, así como un incremento en los costos de generación eléctrica.

Para la CFE, lo que la presidencia municipal busca es realizar cobros excesivos por la expedición de licencias de construcción, que solo es acreditable con la modificación de la ley citada y promovida por Padilla Guerrero.

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