Por fin, castigo a funcionarios que aprueben construir en zonas de riesgo

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Jenaro Villamil

Durante la temporada de lluvias la historia se repite: vemos con frecuencia poblaciones castigadas por las copiosas precipitaciones que además ponen en evidencia la falta de planeación en la construcción de desarrollos habitacionales. Y regularmente los principales afectados son personas de bajos recursos económicos que con frecuencia son cooptados por líderes sin escrúpulos que, a costa de formar clientelas que les dejen réditos políticos, arriesgan su patrimonio y su propia integridad física. Y después, al momento de buscar responsables, resulta que nadie tiene la culpa, lo que deja en medio y literalmente en la calle a la población, que no tiene a quién acudir para defenderse. Por eso es una buena noticia que el Congreso local haya aprobado reformas a la Ley Orgánica Municipal y al código penal estatal con objeto de contrarrestar este fenómeno cíclico. La reforma tiene lugar en dos vertientes: la primera, busca obligar a los municipios a que creen o actualicen sus atlas de riesgos, que no es otra cosa que una guía o mapa que indica qué zonas no son adecuadas para el desarrollo urbano o habitacional. La otra vertiente de la reforma busca sancionar al servidor público que autorice o expida licencias, permisos, constancias o dictámenes de uso de suelo, viabilidad, construcción, fraccionamiento, urbanización, conjuntos urbanos o acciones urbanas sin observar o contraviniendo el atlas de riesgos correspondiente. Es decir, la reforma primero establece la obligación de contar con un atlas, y luego, que éste sea respetado. Ahora el código penal establece claramente que es responsabilidad  del secretario de Obras Públicas municipal, en coordinación con el área de Protección Civil, ejecutar el atlas de riesgo. Las sanciones por no hacerlo o ignorarlo van de tres a seis años de prisión y multa de 700 a mil 400 unidades de medida y actualización (UMA) vigentes. Incluso, se podría inhabilitar al servidor público para impedirle desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión hasta por nueve años. En una primera lectura la reforma parece positiva. Ahora falta vigilar que se cumpla, pues la temporada de lluvias apenas comienza. De filón. Bien lo dice el dicho: prometer no empobrece. Y el peor enemigo de las promesas es la realidad. En este caso, quien le echó a perder los planes al gobernador Francisco Olvera Ruiz de construir tres casas de atención al migrante en Estados Unidos fue la cotización del dólar que subió, de 12 pesos a inicios de su administración, a casi 20 al final. ¿Y si mejor moderan sus planes antes de levantar tantas expectativas?

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