Si bien los estudios sobre el porno, desde el cruce transdisciplinar de las teorías de la imagen y las ciencias sociales y psicológicas, se consolidaron académicamente hacia 1989 con la publicación, por la Universidad de California, de Hard core: Power, pleasure, and the “frenzy of the visible” de Linda Williams, sus orígenes se remontan a los debates feministas que surgieron en la década de 1970 tras la aparición de lo que consideramos las primeras películas pornográficas modernas: Electro Sex 75, dirigida por Mike Henderson en 1970, y la emblemática Deep throat, de Gerard Damiano, de 1972. Esos debates plantearon una escisión fundamental que sigue en el centro de las discusiones, tanto de ciertos grupos de académicas y activistas, como de teóricos de la imagen, sociólogos, especialistas y activistas de derechos humanos y psicólogos sociales: la pugna entre abolicionistas y defensores de la industria pornográfica.

Por su parte, los defensores de la industria proponen un estilo de “regulación”, no de las narrativas propias del porno, sino de sus procesos de producción y exhibición. Parten, a grandes rasgos, de un principio de acción inevitable que la prohibición solo terminará arrastrando al extremo del mercado negro y la clandestinidad. Es decir: en el contexto occidental del capitalismo tardío resulta imposible evitar que todo se vuelva mercancía, incluyendo los cuerpos; de ahí que sea preferible –y democrático– no “desamparar” legalmente a la población más vulnerable (pobres, minorías étnicas y migrantes, principalmente), la cual seguirá siendo arrastrada por una dinámica inevitable, a rentar sus vientres, prostituirse, aparecer en filmes pornográficos cada vez más degradantes no solo por los actos cometidos sobre sus cuerpos, sino por las narrativas que ahora, más que nunca en la historia de la industria, están atravesadas por el racismo.

Los abolicionistas y prohibicionistas, por su parte, apelan a un principio de humanidad que surge del supuesto de que no hay pornografía –y ningún tipo de transacción que involucre los cuerpos– que no implique la explotación del sujeto. Así, entienden que es inadmisible cualquier tipo de “comercialización” del cuerpo, incluso cuando se haga de manera “voluntaria” –explicitada mediante un contrato y hasta mediante el activismo–, pues el mismo sistema de explotación capitalista al que aluden los “defensores” no permite a la víctima darse cuenta de que es una víctima.

En este contexto, el caso de la pornografía mexicana resulta interesante. El año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló un artículo que convierte la pornografía en delito sexual; sin embargo, en lo que va de este año, la pornografía producida en México, principalmente en Guadalajara y la Ciudad de México, ha crecido en presencia e ingresos. Y esto tal vez se deba a la misma ley que, según la opinión pública, la “prohibió”.

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos considera que el ilícito está en obtener beneficio económico de la explotación de alguien mediante el “comercio, distribución, exposición, circulación u oferta de… imágenes u objetos, de carácter lascivo o sexual”, cuando lo producido se haya grabado o fotografiado mediante el uso de “la fuerza, el engaño, la violencia física o psicológica, la coerción, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, las adicciones, una posición jerárquica o de confianza, o la concesión o recepción de pagos o beneficios”.

La publicación de una ley como esa supone la posibilidad de encontrar, en ella misma, el camino para su funcionamiento a modo. Y el “modo” de las productoras porno mexicanas involucra ganancias de cerca de 9 millones de pesos al año, según estimaciones de los propios empresarios productores antes de la “prohibición”… una cifra importante si consideramos las pocas casas productoras que operan “profesionalmente” en México, pero irrisoria ante los más de 13 mil millones de dólares que la industria deja para los pornógrafos estadunidenses y los más de 27 mil millones que arroja a los chinos. Ante ese panorama, la prohibición, al parecer, no puede hacer nada contra las condiciones ya de por sí oscuras en las que opera la industria pornográfica a nivel mundial.

Ahora bien, no hay que dejar de mencionar lo que está en el extremo de estas posturas abolicionistas, surgidas del estudio y análisis tanto del porno como de sus contextos de producción. En el extremo de la prohibición está otro sector que prefiere la censura desde la subjetividad conservadora, que siempre ha argumentado que la pornografía pervierte a quien la observa y disfruta. Esta perspectiva siempre ha resultado interesante, pues surge de un sector que cree en un poder ilimitado de la imagen: del mismo modo en que cree que una imagen puede curar o proteger contra el peligro, le otorga a la pornografía un poder casi divino: diabólicas imágenes que nos hacen peores seres humanos, que nos corrompen y llevan a actuar contra natura.

@eljalf

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