Presentan reforma para no estancar iniciativas en Congreso

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El diputado panista Guillermo Galland Guerrero presentó la iniciativa

Pachuca. Para obligar que la actual Legislatura entregue a la siguiente los asuntos pendientes dentro de comisiones, el diputado panista Guillermo Galland Guerrero presentó una iniciativa para modificar el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad.

“Por diversas razones, las diversas comisiones no alcanzan a cumplir la parte del proceso legislativo que les corresponde, por lo que muchas de las iniciativas presentadas quedan pendientes.”

En consecuencia, dijo, el marco legal del Congreso debe agilizarse para crear las condiciones materiales e institucionales que garanticen que la creciente tarea legislativa no se paralice y se realice de manera oportuna y eficiente.

El legislador panista consideró necesario que al final de cada legislatura los asuntos diferidos sean del conocimiento de la siguiente para dar continuidad al proceso iniciado hasta su conclusión y dicha obligación quede estipulada en las normas del Congreso.

La reforma establecería que al terminar la Legislatura los asuntos inconclusos, así como los dictámenes aprobados por comisiones y que no sean conocidos por el Pleno, deberán remitirse a la Secretaría de Servicios Legislativos para su resguardo y además deberán consignarse en las actas de entrega-recepción.

En anteriores entrevistas el diputado local mencionó que “la siguiente legislatura estará obligada a retomar las iniciativas pendientes, pues de los 130 asuntos presentados por la fracción blanquiazul, 70 por ciento podría quedarse en la congeladora legislativa”.

De ese número, únicamente dictaminaron un promedio de 40, temas que no están exentos del característico tortuguismo que impera en el Congreso local.

Entre las iniciativas presentadas por los panistas están: la ley para la cultura y las artes, la de responsabilidad patrimonial, la de primer empleo, la iniciativa para incluir en el código penal, el maltrato animal; la iniciativa para la atención, asistencia y protección de víctimas del delito y violación a sus derechos humanos.

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