Maricela Zúñiga Rodríguez

El enfoque de la educación inclusiva ha buscado impactar en los sistemas educativos de todo el mundo con el fin de dar respuesta a la diversidad de los estudiantes. Al respecto, la UNESCO considera que se debe prestar especial atención a los grupos marginados y vulnerables –personas y grupos que no pueden ejercer su derecho a la educación– para procurar desarrollar todo el potencial de cada persona. Es así como considera que “la educación inclusiva y de calidad se basa en el derecho de todos los alumnos a recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas” (UNESCO, 2013).

Para la UNESCO, los niños que tienen derecho a una educación inclusiva son: los niños migrantes; niños en situación de calle o abandono; niños obreros; niños soldados; niños con discapacidad; los pueblos indígenas y las poblaciones rurales. Si bien la política de educación inclusiva de la UNESCO está enfocada a los niños y al sistema educativo básico, en donde es necesario que esa cobertura alcance es al nivel medio y superior de educación, ya que las instituciones se están enfrentando al reto de la educación inclusiva sin el respaldo de políticas públicas.

En ese sentido, universidades públicas y privadas en distintos países han sido de gran ejemplo mostrando el impacto de sus programas o planes de inclusión educativa en la formación de profesionistas. Al respecto, en nuestro país, algunas universidades se han dado a la tarea de proporcionar sus servicios a personas en situación de vulnerabilidad (UNAM, UV, UANL, UJAT, ITESM, La Salle), algunas de ellas con programas específicos para este fin y otras sin ningún tipo de respaldo institucional pero con gran mérito en la práctica. Las prácticas educativas habituales realizadas por las universidades públicas de México se transforman hoy ante esa gran labor, la integración e inclusión de personas en situación de vulnerabilidad a las aulas universitarias.

Por ello, la UNESCO, a través de su liderazgo intelectual, busca transformar la visión de la educación inclusiva; en 2005 la conceptualizó como un enfoque dinámico y de respuesta positiva a la diversidad de los estudiantes, en 2008 durante la 48 Conferencia Internacional de Educación se acordó que la educación inclusiva sirve para reforzar la educación para el desarrollo sostenible, ello a través de las oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, el acceso equitativo a todos los niveles de la sociedad y a las oportunidades de aprendizaje. En esta conceptualización se reconoce:

-El sustrato de socio-cultural, económico y político de la inclusión.

-Su posicionamiento transversal, a los niveles educativos y la superación de las barreras entre la educación formal, no formal e informal.

-Que la inclusión no es solamente acceso al espacio escolar sino el apoyo efectivo de los aprendizajes.

En 2017, la UNESCO en el 14 Congreso Internacional de Educación Inclusiva y 34 Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva en Oviedo, España, publicó las nuevas “Directrices de política sobre la inclusión y la equidad en la educación”, con el propósito de apoyar a los países para asegurar que inclusión y equidad sean transversales a los sistemas educativos.

Las directrices proponen tomar en cuenta los siguientes principios:
1. Que las políticas educativas hacia la inclusión educativa se realicen en todos los niveles educativos de los sistemas educativos.

2. Reconocer que el cambio educativo es técnicamente sencillo, pero social y políticamente complejo.

3. La claridad de los objetivos es necesaria para movilizar un amplio apoyo a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

4. Registrar la evidencia como catalizador de un cambio exitoso.

Esas directrices representan un tránsito solo como inclusión, sino pensada como inclusión y equidad y que son definidas como:
Inclusión: que entraña superar los obstáculos que limitan la presencia, participación, el bienestar y los logros de todos los alumnos y todas las alumnas.

Equidad: que consiste en asegurar que exista una preocupación por la justicia, de manera que la educación de todos los alumnos y alumnas se considere de igual importancia.

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