Los privilegios de los que gozan en nuestro país ciertos funcionarios públicos y representantes, están causando muchas molestias entre los ciudadanos. Esto se debe básicamente a que se enteran reiteradamente que muchos de ellos se ven envueltos en casos de corrupción e incluso de otra naturaleza, que para cualquiera de nosotros tendrían enormes consecuencias legales, fundamentalmente en el ámbito penal, sin embargo, para ellos el fuero les permite esquivar cualquier proceso en prisión.

De acuerdo con los preceptos jurídicos, la razón por la que existe el fuero se debe a la necesidad de proteger la libertad crítica que permite que los funcionarios o representantes se desempeñen de manera eficiente. En otras palabras, un proceso legal los distraería de su arduo trabajo por el solo hecho de pronunciar opiniones que generarían molestias en algunos sectores, que iniciarían un proceso de defensa de sus intereses, obstaculizando así el buen desempeño de esos legisladores.

Para el caso de diputados y senadores se contempla en la Constitución Política –artículos 61, 110 y 111– la figura del fuero, que básicamente evita que cualquier miembro de esas dos cámaras sea detenido por una acusación del orden penal. Es necesario destacar que no se contempla de la misma forma para el ámbito civil, ya que ahí reciben un tratamiento como individuos y si resultan condenados, deberán cubrir las compensaciones o reparaciones que estipule la sentencia respectiva.

Es necesario mencionar que se contemplan excepciones a la aplicación del fuero, si las faltas son consideradas graves por los miembros de la cámara a la cual pertenecen los legisladores sometidos a juicio. A este proceso se le conoce como desafuero y aunque se atienden consideraciones jurídicas, no se puede desconocer y pretender esconder que la decisión del pleno de la cámara respectiva tomará en cuenta criterios políticos, como hacer valer la condición de partido mayoritario o bloquear aspiraciones políticas de ciertos representantes, o incluso derrocar a un gobierno electo por los ciudadanos, como hemos visto en los recientes casos de Brasil y Perú. También es necesario recordar el intento de desafuero del actual presidente electo en 2005, cuando era regente de la Ciudad de México.

El dilema comienza cuando esta figura constitucional se entiende como sinónimo de impunidad, es decir, cuando se protege a los diputados y senadores por faltas a la ley, que para cualquier ciudadano no se encuentra vinculada a su trabajo cotidiano. Por ejemplo, ser detenido por conducir en estado de ebriedad, participar en una riña en algún lugar público, pasar de largo una luz roja o, incluso, llevar un estilo de vida ostentoso que es difícil de corroborar con los ingresos reales, y un largo etcétera.

En la práctica y para el sentir de la opinión pública, el fuero se convirtió en sinónimo de privilegio, algo así como un permiso para hacer y decir lo que se les pueda ocurrir durante un periodo determinado de tiempo, sin que nadie y nada los pueda tocar y dañar por el extraordinario servicio que le prestan a la nación. Esto tiene su origen en la consagración en la Constitución del fuero como una inmunidad procesal. No todos somos iguales ante la ley.

En otras palabras, bajo la figura del fuero, los diputados y senadores logran evitar la aplicación de la ley en su contra. En efecto, cualquier legislador detiene un proceso penal en su contra sustentado en el criterio de sus compañeros de cámara, que en definitiva evita la aplicación de la ley para cualquier caso específico en cuestión, ya que resultará muy difícil determinar el nivel de gravedad que justifique el retirar la inmunidad a algún compañero de legislatura.

Este tipo de privilegios en pleno siglo XXI comienzan a ser anacrónicos, ya que, bajo el respeto a la ley, cualquier ciudadano, no importando el rol que desempeñe en la estructura pública del país, no viviría fuera de la realidad de nuestro país y, por lo tanto, ningún grupo de ciudadanos puede estar sobre la ley. Nuestra Constitución debe hacer real la aspiración de todos iguales ante la ley.

Comentarios