En proceso, agentes de DGPI por presunta extorsión a comerciantes

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Pachuca

Agentes adscritos a la dirección general de la Policía de investigación (DGPI) grupo Tepeji quedaron recluidos y bajo proceso tras acreditarse su participación en el delito de extorsión calificada contra dos comerciantes en ese municipio.
La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo informó que la investigación inició luego de una denuncia de dos comerciantes a través de redes sociales el 22 de septiembre, donde señalaron el intento de extorsión al que fueron sometidos por dos agentes de la DGPI.
La fiscalía manifestó que tras conocerse el incidente, inmediatamente el procurador de Justicia Ramiro Lara Salinas instruyó al subdirector de la DGPI Marco Antonio García para que investigara si el señalamiento en contra de los agentes era verdadero y, de serlo, se procediera conforme a lo que dicta la ley, con el fin de no tolerar que los servidores públicos de la procuraduría o ajenos violenten la ley.
Acto seguido, el 23 de septiembre, conforme a los protocolos de confidencialidad y prioridad a las víctimas, fue iniciada la carpeta de investigación 12-2016-09322.
En la integración, los afectados identificaron a ambos agentes y relataron que les explicaron que de acuerdo con sus reportes en el local que administran se vendían sustancias ilícitas, cuestión que negaron, por lo que a raíz de esas acusaciones les pidieron 10 mil pesos para que su familia no estuviera en riesgo, por lo que, ante el temor, entregaron 5 mil pesos.
Luego de la investigación, el agente del Ministerio Público que integró la carpeta determinó que existieron los elementos suficientes para demostrar la extorsión en contra de la pareja de comerciantes establecidos en Tepeji, por lo que solicitaron una orden aprehensión en su contra.
Finalmente, el 4 de octubre el juez dictó la orden de aprehensión por el delito de extorsión calificada derivada de la causa penal 64/2016 en contra de ambos agentes de investigación de 41 y 25 años.
Los indiciados pasaron a disposición del juez penal de control adscrito al distrito judicial de Tula y se encuentran recluidos en el centro de readaptación social (Cereso) de ese distrito.
El procurador estatal enfatizó que su administración no será de oídos sordos, pues prestará atención a todas las denuncias que la ciudadanía haga en contra del mal comportamiento o actuar, tanto de agentes del Ministerio Público, como de policías de investigación y cualquier otro servidor adscrito a la fiscalía hidalguense.
Asimismo, aseveró que la corrupción no es nada más recibir dinero de otra persona para no hacer su trabajo o favorecerle a alguna de las partes en conflicto, sino es dejar de hacer bien lo que le corresponde como servidor público.

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