Procura gobierno transición ordenada

507
editorial

Omitlán acapara la atención del aparato de seguridad estatal, luego de que el Tribunal Electoral de Hidalgo (TEH) anuló la elección que había ganado el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) José Luis Ordaz Ríos el 5 de junio. Y es que quizá cruza por la mente de funcionariado el episodio ocurrido en Atitalaquia en 2006 cuando el PAN habría obtenido el triunfo a la alcaldía y, sin explicación aparente, los resultados se revirtieron en favor del priista Claudio Espinosa Castañeda. Si bien el clima social en Omitlán permanece en calma, la autoridad no especula y mantiene vigilada la demarcación como medida precautoria a un eventual estallido poselectoral. Mismo escenario ocurre en Nopala donde se tambalea la elección también ganada por el PVEM. En el resto del estado todo en orden luego de que el TEH ratificó los resultados en 38 municipios, por lo que la siguiente tarea es garantizar la gobernabilidad durante la transición de administraciones. Por esta razón la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de la República sostuvieron una reunión con los actuales alcaldes y directores de Seguridad Pública para prevenir, y en su caso contener, cualquier indicio de inestabilidad social. Y es que a nadie, mucho menos al Ejecutivo que ha logrado consolidar a Hidalgo como uno de los estados más pacíficos del país, le conviene cerrar este periodo con situaciones adversas. Pero ¿cuáles son los riesgos, más allá de elección extraordinaria que habrá en Omitlán y las que se acumulen?, podemos citar la inconformidad ciudadana por deudas que heredarán los presidentes municipales, laudos laborales y obras inconclusas, por mencionar algunos. Por esta razón, la advertencia del gobierno del estado a los ediles fue clara: cero tolerancia a posibles conductas constitutivas de delito, sin distinción de partidos, caiga quien caiga, el estado se alineará a la política federal anticorrupción. Bajo esta tónica las y los ciudadanos esperamos auditorías justas, transparentes, procesos de entrega-recepción apegados al derecho, sin encubrimientos del Estado y mucho menos de los sucesores en las presidencias municipales. Si realmente se quiere recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, esta es la temporada de peces gordos. Llevar a procesos penales a alcaldes que hayan hecho mal uso de recursos públicos es oro molido contra la incredulidad ciudadana. De filón. Algo no anda bien en Tlaxcoapan tras el linchamiento a un supuesto secuestrador la tarde del 2 de julio, por ello el secretario de Seguridad Pública estatal Alfredo Ahedo envió una poderosa artillería conformada de ¡cuatro! elementos para reforzar la vigilancia en el municipio.

Comentarios