Hasta ahora ninguna autoridad había frenado de manera determinante a la empresa Comunipark, que desde finales de 2015 ha instalado mil 200 parquímetros en varios puntos de Pachuca, sobre todo en el primer cuadro. Ni siquiera los tribunales han logrado contener la operación de los dispositivos, que desde diciembre de 2015 hasta septiembre de 2019 dejaron una derrama de casi 18 millones de pesos. En julio de este año el segundo tribunal colegiado del vigésimo noveno circuito en Hidalgo otorgó un amparo a la empresa contra la resolución que en octubre de 2018 dictó el tribunal de justicia administrativa, que ordenó el retiro de los parquímetros en la colonia Periodistas. Frente a lo que consideraron una imposición, los colonos tomaron acciones como marchar e inhabilitar los aparatos; a la fecha el estacionamiento es libre en esa zona de la ciudad. Otra batalla es la que libra el regidor Navor Rojas Mancera, quien en agosto pasado inició un juicio de revisión constitucional ante la SCJN, con el objetivo de dar marcha atrás al amparo otorgado a la empresa concesionaria. Ayer, en cumplimiento a una denuncia generada de manera presencial en las instalaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por el cobro indebido de parquímetros en el centro de Pachuca y otras anomalías, se colocaron sellos de inmovilización a 30 aparatos. Si bien la sanción a Comunipark es temporal, el actuar de la Profeco deja dos lecciones contundentes: la primera, la efectividad ante la denuncia ciudadana. La dependencia que dirige Italia Almeida Paredes lanza el mensaje a los usuarios de que no están indefensos ante eventuales abusos. Y la segunda: no hay consentimiento ni impunidad. La Procuraduría Federal del Consumidor refrenda que es de puertas abiertas a la población, sabedora que sus quejas serán admitidas y solucionadas, en apego a la razón jurídica. Sin protagonismos ni aspavientos, la funcionaria Almeida Paredes impone la autoridad que la ley le confiere, convirtiendo a esta Profeco, la de la cuarta transformación, en una instancia más ciudadana que nunca. De filón. La SCJN corrigió la plana al Congreso de Hidalgo al invalidar el decreto que contiene la reforma electoral, al considerar la falta de consulta a las comunidades indígenas. La tarea para la diputación es dantesca, pues levantar la opinión de este importante sector social no es tarea sencilla.

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