Profundizan en protocolo de justicia para personas con discapacidad

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Pachuca.- Especialistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impartieron a magistrados, consejeros y jueces del Poder Judicial hidalguense el taller Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad.

En representación de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) Blanca Sánchez Martínez, el consejero Román Souberville González puso en marcha esa actividad que, dijo, tiene como eje rector el reconocimiento de la capacidad jurídica de ese grupo social.

En el taller, Cecilia Guillén Lugo y Gerardo Villegas Martínez, asesores de la dirección general de estudios, promoción y desarrollo de los derechos humanos de la SCJN, hablaron sobre los elementos jurídicos basados en el principio pro persona que deben considerarse para garantizar el acceso a la justicia a quienes tienen alguna discapacidad.

Souberville González, quien preside la comisión de planeación, adscripción y creación de nuevos órganos del consejo de la judicatura, citó que en México, según el Centro de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existían 5 millones 739 mil 270 personas con discapacidad, lo que representaba 5.1 por ciento de la población total del país.

Por ello, comentó, el objetivo primordial del taller es promover el respeto de los derechos que fueron reconocidos por la Constitución, así como en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.

El consejero subrayó que esa actividad forma parte de la Agenda institucional de género y derechos humanos del TSJEH, la cual tiene como objetivo institucionalizar y transversalizar el contenido de la reforma constitucional en la materia de junio de 2011 en los ámbitos jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial.

Además, destacó el impulso que la magistrada Sánchez Martínez da a la difusión, la promoción y la sensibilización de los derechos humanos, por medio de la profesionalización de los operadores jurídicos de la institución.

Al entregar reconocimientos a los participantes, la magistrada Rebeca Aladro Echeverría, integrante de la segunda sala civil y familiar, reconoció que, a pesar de las campañas de sensibilización en medios de comunicación y redes sociales, las personas con discapacidad siguen siendo vistas como “diferentes”, por lo que llamó a garantizar la protección de sus derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Para ello, comentó, las resoluciones judiciales no solo deben basarse en las normas y criterios de la materia aplicable, sino también en los tratados internacionales.

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