Propone legisladora iniciativa a favor de hijos de jornaleros

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Todos los dueños de campos agrícolas podrían estar obligados a instituir centros educativos para niños y niñas que acudan al trabajo jornalero, con el fin de que tengan clases y evitar la deserción escolar, esto como parte de la iniciativa presentada por la diputada federal Nora Oropeza Olguín.
La propuesta de la legisladora por Hidalgo implica una reforma a la fracción octava del artículo 33 y adición a los párrafos quinto, sexto y séptimo del artículo 23 de la Ley General de Educación.
En ese sentido se pretende con carácter obligatorio que todo propietario de campos agrícolas que contrate jornaleros acompañados de sus familias brinde las condiciones necesarias para la educación de niños y niñas.
De modo que tendrá que destinar un lugar temporal para la enseñanza de las y los hijos de jornaleros, el cual estará coordinado y supervisado por la autoridad educativa correspondiente al sitio donde esté ubicado el campo.
La autoridad educativa proveerá de la planta docente necesaria, al tiempo que proporcionará las constancias de estudios correspondientes que soliciten los trabajadores, para asegurar la continuidad de los estudios de sus hijos en otro lugar al que emigren.
“Tal disposición para fortalecer el respeto a los derechos fundamentales de los niños, niñas y el cumplimiento de los artículos tercero y cuarto de la Constitución Política Mexicana”, se lee en la iniciativa turnada a la comisión de educación pública y servicios educativos.
La propuesta de la legisladora hidalguense adiciona que para el cumplimiento del punto anterior, las autoridades educativas deben desarrollar programas con perspectiva de género.
Además de apoyos financieros preferentemente a estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación.
La iniciativa es resultado de la constante migración al interior del país debido a la necesidad económica, además de factores sociales y políticos, que llevan a miles de familias a emigrar a otra entidad.
De acuerdo a la Unicef, cada año aproximadamente 300 mil niñas y niños en México abandonan sus comunidades de origen para emigrar con sus familias a otras entidades.
Además de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) estima que menos de 10 por ciento de esos niños y niñas asiste a la escuela, lo que es un punto de alarma que incita a implementar las medidas necesarias para que este grupo de hijos e hijas de jornaleros migrantes ingresen a la educación, y así garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo.

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