Proponen aumentar sanciones por daños a infraestructura hidráulica

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Salvador Sosa Arroyo también planteó actualizar el mecanismo para la aplicación de multas, para que estas sean por medio de la unidad de medida y actualización para sustituir al salario mínimo, como se hace actualmente

Tulancingo.- Derivado de varios reportes sobre tomas clandestinas de agua en diversos municipios, el diputado local Salvador Sosa Arroyo presentó propuesta ante el Congreso del Estado de Hidalgo para aumentar las sanciones a quienes dañen la infraestructura hidráulica, tanto pública como privada.

El legislador también presentó propuesta para actualizar el mecanismo para la aplicación de multas, para que estas sean por medio de la unidad de medida y actualización para sustituir al salario mínimo, como se hace actualmente.

En la propuesta presentó como ejemplo lo que ocurre en el Valle del Mezquital, donde solo cinco municipios no tienen registro de tomas clandestinas, mientras que en 16 sí hay registro sobre robo de agua proveniente de las redes de distribución legal.

Agregó que la sustracción ilegal de agua de las fuentes de distribución formales, además de afectar los ingresos económicos de los organismos operadores, disminuye el surtido del vital líquido y se hace complicado para quien no tiene actualmente dicho servicio.

La propuesta implica modificaciones a los artículos 165 y 166 de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado, donde se endurezcan las sanciones, en principio, con multas más altas de las actuales, que por el momento van de los 800 a los 15 mil pesos, aproximadamente.

“No podemos dejar que este vital líquido sea desperdiciado, y mucho menos robado de la infraestructura pública. La escasez y desabasto de agua es un hecho, falta mucho para garantizar más el derecho al agua, pero si evitamos y prevenimos su robo protegiendo la infraestructura ya existente, podemos focalizar los recursos aumentando la infraestructura en sitios alejados de la entidad, a su vez, disminuyendo estas conductas que suponen un daño al patrimonio público y privado.”

Sosa Arroyo confió que la propuesta sea revisada de forma cuidadosa para hacer las modificaciones a la ley respectiva, para garantizar mejores servicios a quien así lo requiere, así como sanciones en los casos donde se perpetre el robo del vital líquido.

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