Proponen que medida de protección a grupos vulnerables sea oficiosa

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Pachuca

Cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, persona con discapacidad o adulto mayor, el Ministerio Público otorgará la medida de protección en forma oficiosa, además de que a cualquiera que la solicite tendrá que serle otorgada de forma inmediata, esto determina una propuesta de reforma de ley planteada por la diputada por Hidalgo Gloria Hernández Madrid.
La iniciativa de reforma al código nacional de procedimientos penales turnada ya a la comisión de justicia de la Cámara de Diputados plantea otorgar de forma inmediata medidas de protección a los sectores vulnerables para la protección de sus derechos.
Esas medidas durarán el tiempo que sea necesario, por lo cual la iniciativa manifiesta que se tendrán que observar los protocolos que el Ministerio Público emita para tal fin.
Abunda esa reforma de ley que otras personas, sean o no pertenecientes a un grupo vulnerable, podrán solicitarlo si así lo desean, con la misma oportunidad de que se les concedan esas medidas de protección.
De lo contrario, la omisión del Ministerio Público en otorgarlas será motivo de responsabilidad para esa instancia.
En el caso de una aprobación a la reforma del artículo 137 del código nacional de procedimientos penales, se contemplará un periodo de 90 días para que la Procuraduría General de la República y las fiscalías de los estados emitirán los protocolos necesarios para la solicitud, otorgamiento, ejecución y vigilancia de las medidas de protección para niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores
Los protocolos que se emitan no podrán restringir la oficiosidad, la solicitud de la medida de protección por cualquier persona o su inmediatez.
A parte, para establecer la duración de la medida de protección se deberán incluir los factores que la determinen, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco días contados a partir de su otorgamiento.
Los protocolos podrán precisar los tipos de discapacidad que generen la medida de protección en los términos de ese decreto, pero para el caso de aquellas que sean físicas o intelectuales permanentes no estarán sujetas a condicionamiento alguno.
La postura de la iniciativa planteó que la protección que se brinda de forma especial a los grupos vulnerables “no debe entenderse como práctica de discriminación, por el contrario, debe verse como el interés y el trabajo por superar las condiciones de desigualdad que les impiden a los miembros de estos grupos el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad con los demás”.

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