Propuesta castigaría intervención ilegal de comunicaciones por autoridades

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Pachuca

Las autoridades que intervengan comunicaciones sin una disposición legal que acredite esa acción podrían recibir una sanción de seis a 12 años de prisión y una multa de más de mil unidades de medida.
La propuesta de reforma de ley de la diputada por Hidalgo Gloria Hernández Madrid pretende reformar los artículos 173, 174, 176 y 177 y adicionar un artículo 177 bis al código penal federal.
En dicha reforma, turnada a la comisión de justicia de la Cámara de Diputados, se menciona que a quien intervenga comunicaciones privadas le serán impuestos de cuatro a ocho años de prisión y multa de 730 a mil 460 veces la unidad de medida y actualización vigente al momento de cometerse el delito.
Mientras que si quien comete ese delito es una autoridad sin cumplir con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el código nacional de procedimientos penales y demás disposiciones aplicables, “se le impondrá una pena de seis a 12 años de prisión y multa de mil 95 a 2 mil 190 veces la unidad de medida y actualización vigente al momento de cometerse el delito”.
Esas medidas también se destinan a aquellos empleados de telégrafos, telefonía o estaciones inalámbricas que de forma consiente dejen de transmitir un mensaje que se les entregue con ese objeto, o de comunicar al destinatario el que recibe de otra oficina y con ello le cause daño a los bienes, propiedades, posesiones o derechos de aquel.
En ese caso la pena podría ser de seis meses a un año de prisión y multa de 90 a 180 veces la unidad de medida y actualización vigente al momento de cometerse el delito.
De acuerdo con el artículo 173, se aplicarán de uno a tres años de prisión y multa de 180 a 547 veces la unidad de medida y actualización vigente en el momento de cometerse el delito: al que abra y/o se imponga del contenido de correspondencia que no esté dirigida a él y sin consentimiento de su destinatario.
Además de aquel que intercepte y/o retenga correspondencia que no esté dirigida a él y no la entregue oportunamente a su destinatario, y al que acceda o se imponga del contenido que se encuentre en cualquier sistema, mecanismo o dispositivo de correspondencia o comunicación de naturaleza informática o electrónica sin consentimiento de la persona cuyo manejo le corresponda.
La propuesta pretende incorporar como violación de correspondencia la información o comunicaciones recibidas por medios informáticos o electrónicos, además de la incorporación del uso de información obtenida con violación a correspondencia como conducta punible, así como la intercepción o retención.

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