Ratifica Congreso de la Unión inocencia de empresario

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Congreso de la Unión,Samuel Castro Mercado

Indicaron que Samuel Castro Mercado es víctima de un proceso penal “desvirtuado”

Pachuca.-La comisión de gobernación, puntos constitucionales y de justicia del Congreso de la Unión ratificó la inocencia del empresario Manuel Samuel Castro Mercado, víctima de un proceso penal “desvirtuado” por las autoridades judiciales de Hidalgo y preso desde 2012 en el penal de Pachuca por el presunto delito de homicidio en contra de un extrabajador de la planta armadora Dina, de Ciudad Sahagún.

Situación por la que la comisión pidió al Tribunal Superior de Justicia de esa entidad y a la Judicatura Federal reponer el proceso que le conduzca a su libertad; en un resolutivo de 20 fojas, los integrantes de la citada comisión analizaron a detalle el punto de acuerdo presentado por el diputado federal de Morena Juan Romero Tenorio y elaborado por su compañera de bancada Norma Xóchitl Hernández Colín, donde detallan las irregularidades.

La detención de Castro Mercado se dio después de un enfrentamiento a las afueras de la armadora, provocado por el exlíder sindical Artemio Vázquez Peña y que derivó en la muerte de José Matilde Cotonieto a causa de un disparo de arma de fuego; los hechos ocurrieron el 28 de enero de 2012.

Los legisladores dieron la razón a los argumentos presentados por la legisladora de Morena en el sentido de que desde el primer momento las autoridades no respetaron los protocolos básicos, como no alterar la escena del crimen y no tomar en cuenta declaraciones de los policías municipales de Apan, que rescataron de la bóveda de la empresa al empresario y sus hijos.

El detenido y sus coacusados fueron trasladados de manera ilegal a Pachuca cuando correspondía al Ministerio Público de Apan seguir el curso de las investigaciones por haberse dado el incidente en su jurisdicción; además, en las conclusiones de los miembros de la comisión destacan que hubo dilación en la presentación de los acusados y sus primeras declaraciones fueron recabadas sin la presencia de un abogado o defensor de oficio.

Pese a haber permanecido en arraigo por 40 días, los diputados afirman en su escrito que los agentes del Ministerio Público asignados al caso “no reunieron suficientes medios de prueba para acreditar los delitos imputados a los indiciados”; no obstante, el juez tercero de Pachuca Ciro Juárez González libró la orden de aprehensión en contra del empresario.

En el extenso análisis se destacan otras irregularidades como la falta de pruebas periciales para demostrar el arma de fuego de la que salió el disparo que mató al exobrero de Dina, como también las pruebas practicadas al empresario donde no se fundamentó que haya accionado arma alguna el día de los hechos.

En la enumeración de las múltiples irregularidades se destaca que las autoridades judiciales de Hidalgo no tomaron en cuenta la recomendación R-VGJ-0030-13, hecha en su momento por la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo ni la 45/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En ambas, se conmina a las autoridades hidalguenses a reponer las irregularidades y emprender acciones en contra de sus elementos que desvirtuaron el debido proceso. Hasta la fecha, ni el gobierno de Francisco Olvera, en su momento, ni ahora el de Omar Fayad, han cumplimentado la recomendación de la CNDH.

Los integrantes de la comisión dictaminadora que avaló el punto de acuerdo elaborado por Norma Xóchitl Hernández Colín, expusieron en sus consideraciones estar “conscientes” de que el tema de la impartición de justicia “se ha visto marcado por asuntos de indudable preocupación”.

Y abundaron que “aún existen casos con irregularidades que han impedido el acceso a la justicia de las supuestas víctimas, en este caso, Manuel Samuel Castro Mercado lleva seis años recluido sin que su caso haya sido resuelto”.

En el resolutivo de la comisión permanente, los legisladores de la comisión de gobernación, puntos constitucionales y justicia votaron por mayoría para que el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo realice las acciones que en derecho procedan para hacer justicia al empresario preso injustamente por la aplicación inexacta de la ley por parte de los jueces Ciro Juárez González y Porfirio Cruz Ramírez.

De igual manera, solicitaron al Consejo de la Judicatura revise la actuación del titular del juzgado segundo de distrito del vigésimo noveno circuito, con sede en Pachuca, Oscar Gregorio Herrera Perea.

Congreso de la Unión,Samuel Castro Mercado

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