Rechaza SCJN militarización

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Invalidó la Ley de Seguridad Interior, aprobada en 2017

VÍCTOR FUENTES / AGENCIA REFORMA
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la Ley de Seguridad Interior, aprobada en 2017, que buscó regular la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero nunca fue aplicada.

Por 10 votos contra uno, con diversos argumentos, el pleno eliminó la ley luego de fuertes pronunciamientos de los ministros en contra de la “normalización” de la participación militar en el combate a la delincuencia.

Seis ministros sostuvieron que el Congreso no tenía facultad constitucional para emitir una ley sobre seguridad interior, materia claramente distinta de la seguridad nacional y la seguridad pública.

Aclararon que la seguridad interior es una función que la Carta Magna reserva al Ejecutivo federal por conducto del Ejército y la Armada, mientras que la seguridad pública es responsabilidad de los tres niveles de gobierno por medio de las policías.

Varios ministros indicaron también que en el modelo constitucional actual la intervención militar en el combate a la delincuencia sí es posible pero tendría que ser excepcional, temporal, fundada y motivada, y bajo mando civil.

Desde la sesión del martes, diversos ministros habían calificado a esa ley como “fraude a la Constitución” y como un “incentivo perverso” para que las autoridades civiles no asuman su responsabilidad de dar seguridad a la población.

En la sesión de ayer, el presidente de la corte Luis María Aguilar afirmó que el Congreso sí podía emitir esa ley, pero debían eliminarse los artículos tendentes a normalizar o quitarle su carácter excepcional a la participación del Ejército en seguridad pública.

Agregó que de invalidar todos esos artículos, la ley quedaría desarticulada, por lo que consideró necesaria una nueva norma congruente y que dé certeza jurídica.

“En ningún artículo de la Constitución se otorga facultad expresa para legislar en materia de seguridad interior”, puntualizó Fernando Franco, quien agregó que la corte no puede reparar ese vicio mediante la supresión de porciones de la ley.

“Al pretender regular una vertiente de la seguridad nacional, en realidad reglamentó aspectos de seguridad pública”, destacó Alfredo Gutiérrez.

El ministro Jorge Pardo proponía interpretar que como el Congreso sí puede legislar sobre seguridad nacional, también podía hacerlo sobre seguridad interior, idea que solo fue apoyada por Aguilar, por Gutiérrez con ciertos matices y por Margarita Luna.

Esta última se sumó a Norma Piña para apoyar la invalidez con el argumento de que la mayoría de los diputados recibió el dictamen minutos antes de su aprobación en fast track, el 30 de noviembre de 2017, por lo que hubo un vicio irreparable en el procedimiento legislativo.

Pardo defendió su proyecto, que anulaba 30 porciones de la ley, pues consideró que este no tenía el fin único de legitimar la participación de militares.

“La ley no está empoderando a las Fuerzas Armadas para que realicen funciones de seguridad pública en sustitución de las corporaciones civiles”, afirmó.

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