“Mientras haya demanda de huachicol habrá oferta de huachicol”, esa máxima de la ley de la oferta y la demanda de la economía clásica adaptada al huachicoleo en México parece haber quedado clara para el presidente de la República, por ello, optó por mantener mano dura en el combate a la corrupción asociada a la extracción ilegal de los hidrocarburos, que consume un segmento de mexicanos que saben de su origen inmoral o que tristemente son víctimas de las gasolineras que se abastecen de forma clandestina.

El cambio de la logística tradicional en el traslado del combustible (pipas en lugar de ductos) ha generado atraso en el suministro en varios estados de la República como Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México y Querétaro, principalmente. Para muchos, esa estrategia del gobierno federal no fue la acertada, sin embargo, paradójicamente resultó ser la más efectiva para calcular los costos que representa el robo público más institucionalizado del que tengamos memoria y que se haya hecho público, la existencia dos mercados: uno negro (ilegal) y uno gris (semilegal) de la gasolina que convivían perfectamente y que funcionaban con el contubernio de agentes
legales como los funcionarios públicos,
semilegales como las gasolineras y completamente ilegales como los huchicoleros.

Esa oferta distorsionada del combustible también instauró demandas completamente ilegales, sectores sociales que consumían el combustible con conocimiento del origen del mismo y que defendían esa práctica ante cualquier intento de aplicación de la ley. Hay historias de enfrentamientos contra las corporaciones de seguridad y de justicia por parte de “sociedades criminales”, comunidades enteras que han reconfigurado su identidad a partir del robo de combustible. Esas sociedades no volverán a ser las mismas una vez erradicado el robo de combustible, porque ineludiblemente saltarán a otros delitos para asegurar la renta criminal a la que estaban acostumbradas, a menos que se implemente una política de intervención efectiva.

El robo de combustible también involucra la complicidad de las gasolineras, que se abastecían en esos dos tipos de mercados para sus ventas, por lo que el desabasto actual es resultado de la doble contabilidad de inventarios de gasolina con la que operaban. En consecuencia, se deberán de implementar las medidas económicas necesarias y las sanciones correspondientes para quienes no cumplan con las normas para ejercer la distribución de gasolina.

De igual forma, el corte de suministro de la gasolina por ductos permitió conocer los costos de ese gran robo institucional, las estimaciones que hace el Ejecutivo alcanzan los 60 mil millones de pesos anuales, dinero que pudo haber sido destinado a alguna entidad federativa para cumplir con sus compromisos (por ejemplo, el estado de Hidalgo para este ejercicio fiscal erogará 46 mil millones vía presupuesto de egresos).

El presidente Andrés Manuel es el político contemporáneo con más años como opositor, todo este tiempo aprendió con el maestro que más colmillo tenía en el modo de operar del sistema, por lo que sabe que el dinero compra voluntades y es fundamental cortar la fuente de financiamiento de sus opositores. La cuarta transformación del país no será posible mientras que los actores corruptos sigan accediendo a recursos públicos, pero para ello, el presidente deberá contar con el respaldo ciudadano.

Frente a ese panorama, la sociedad deberá de estar informada y ser consciente de su consumo en tanto se regulariza el suministro de combustible y se combate la corrupción.

Una vez estabilizado el suministro de hidrocarburos, el gobierno debe de trabajar con el Legislativo para crear leyes que refrenden la soberanía nacional sobre los energéticos, se salvaguarde ese recurso estratégico y se aseguren sanciones para cualquier tipo de sabotaje a la infraestructura energética.

Las sociedades involucradas en el robo de combustible deberán tener especial atención, porque se vuelven un foco propicio para la comisión de otros delitos, que pudieran escalar a niveles francamente preocupantes si no se recupera el desgastado tejido social. Se dice fácil, pero nada de eso funcionará si no partimos de que ese problema es un asunto de responsabilidad compartida.

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