La relación enfermiza que se teje entre empresas (reales o ficticias) y las instituciones del Estado la han definido varios autores como el “sujeto hegemónico”; un actor simbiótico que controla la economía, dicta la política y produce simbolismos culturales para implantar la visión de que la sociedad solo puede organizarse única y exclusivamente a través del modo de vida capitalista: donde no hay esperanza y solo queda vender nuestra fuerza de trabajo y aceptar como destino la injusticia económica y la falta de democracia.

Esta interpretación del mundo remarca las contradicciones existentes entre las clases sociales, donde las elites políticas y empresariales conforman estructuras a modo para hacer prevalecer su hegemonía en el largo plazo, con el fin de que sus generaciones sigan perpetuándose y, con ellas, el mismo modelo de las elites mafiosas que nos han gobernado.

Este comportamiento anómalo provoca que en varias regiones de México se conformen estructuras capturadas por los intereses de unas cuantas familias que tejen relaciones multinivel con la política y con el sector empresarial para obtener beneficios; un capitalismo a la mexicana, de cuates, compadres y de solapadores que fomentan el saqueo de la riqueza nacional. Bajo esta lógica es posible identificar a políticos que también hacen parte de los consejos de administración de las empresas, como lo hacen varios funcionarios de alto nivel en México.

En el plano nacional, esta anomalía del capitalismo ha gestado una simbiosis entre empresas y funcionarios públicos que permite el desvío de recursos públicos en beneficio de los bolsillos de privados. El presunto caso de corrupción del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Eduardo Medina Mora es un claro ejemplo del complejo engranaje de corrupción que las elites mexicanas han construido. Este modelo de saqueo de la nación ofrece elementos para el análisis de la corrupción estructural y enuncia los retos que tiene el gobierno de la 4T para mantener el esquema de desmantelamiento del contubernio que se tejió en otros gobiernos que solaparon la triangulación de recursos a través de empresas falsas, entrega de apoyos sociales simulados, enmascaramiento del uso de recursos en instituciones de educación superior, entrada de contratistas y licitadores cómplices. Si de algo se puede estar seguro es del sofisticado andamiaje de captura institucional integrado por políticos y empresarios en el sexenio anterior, que abarcó a muchas instituciones, incluyendo a las de procuración e impartición de justicia.

El jueves, el todavía ministro Medina Mora, en un hecho inédito del México contemporáneo, presentó su renuncia, cuando todavía le faltaban 11 años para cumplir con el encargo. Esta decisión anticipada deja entrever las redes hegemónicas de corrupción que tejió a través del encargo público, pero que su comportamiento a favor de las elites políticas y económicas a la que pertenece se evidenció con más precisión al detectar sus redes mafiosas con varios empresarios y políticos como Alejandro Quintero (exvicepresidente de Televisa/publicista de Peña Nieto), Alberto Baz Baz (exdirector del Cisen), Juan Collado (abogado de varios políticos acusados de lavado de dinero y narcotráfico), Enrique Peña Nieto (expresidente de México), entre otros.

Al mismo tiempo que el funcionario fungió como “protector” de exfuncionarios públicos frente a posibles acciones de la unidad de inteligencia financiera y ser señalados por la maquinaria anticorrupción de la 4T, las agencias estadunidenses y británicas comenzaron a filtrar información no favorable para el que fuera su gran amigo durante varios encargos públicos, incluida su participación en varias empresas que han vivido al amparo de posibles actos de corrupción institucional.

Todavía falta la aceptación de la renuncia de Medina Mora por parte del Senado de la República, lo cual se prevé que suceda sin mayor problema. Por fortuna, la estrategia anticorrupción en México va teniendo resultados palpables, que en caso de ser sostenible en el tiempo, seguro contribuirá con la instalación de la cultura de la legalidad para que el disfrute de la riqueza nacional sea justo y democrático. ¡Estos resultados sí los aplaudimos presidente! [email protected] [email protected]

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