Al referirnos al secuestro, nos referimos a un tipo penal enmarcado dentro del código de procedimientos penales del estado de Hidalgo, México, en el capítulo dos, artículo 166: cuando la privación ilegal de la libertad tenga el carácter de secuestro, se aplicará prisión de 10 a 40 años y multa de 200 a 500 días. Habrá secuestro si el hecho se realiza con el propósito de 1., Obtener un rescate, 2., Que la autoridad realice o deje de hacer un acto de cualquier índole, 3., Causar daño o perjuicio al secuestrado o a persona distinta relacionada con él, 4., Obligarlo a hacer o dejar de hacer un acto de cualquier índole, o para que un tercero lo haga o lo omita y 5., Cometer secuestro exprés, entendiéndose por éste, el que prive de la libertad a otro por el tiempo estrictamente indispensable para cometer los delitos de robo o extorsión o para obtener algún beneficio económico. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a este código le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten.
A la par del citado marco jurídico, ahora pretendemos la reflexión del secuestro entendido como fenómeno psicológico, generalmente utilizado por el secuestrador como forma de presión a la familia de la víctima para obtener de ella un beneficio económico.
A pesar de que el secuestro ha sido una práctica común en las sociedades humanas, merece que conozcamos algunas diferencias que se presentan en el tiempo y el espacio.
Hasta antes de la década de 1980 el secuestro no era una práctica común en México, se sabía de casos aislados, en dónde las personas secuestradas provenían de clase social alta. Pero actualmente el secuestro se ha diversificado y las víctimas incluyen a todas las clases sociales.
Generalmente el secuestrador privaba de la libertad a la persona, le solicitaba información, posteriormente hacía el contacto con la familia vía telefónica para solicitar el rescate (dinero), a cambio del familiar secuestrado. Dichas actividades ilícitas las realizaba una sola persona o varias que se ponían de acuerdo y actuaban como una banda delictiva o asociación delictuosa, en donde los delincuentes tenían el mismo rango de mando, si acaso un cabecilla, y actuaban juntos. Ante ese fenómeno, la psicología tuvo como estrategia, para aportar en la identificación de los secuestradores, el estudio minucioso de la forma de vida y forma de operación (modus vivendi, modus operandi) del secuestro. Pero, con la captura de Daniel Arizmendi López en 1998 en el Estado de México, quien mutiló a más de 180 personas, contando con más de 21 secuestros y por lo menos tres asesinatos entre 1995 a 1998, inició una nueva forma de operar en el secuestro, y por lo tanto desde esa fecha se requiere de nuevas estrategias para estudiarlo.
La banda de secuestradores denominada del Mocha orejas tenía los rasgos iniciales de la delincuencia organizada, funcionaba como una organización, sus integrantes cumplían con funciones especializadas, dentro de la organización había jerarquía en los mandos, se incluyó a familiares como su hermano Aurelio Arizmendi, a su medio hermano Juan Farfán, a su esposa María de Lourdes Arias García, sus hijos Daniel Arizmendi Arias y Sandra Arizmendi Arias, entre otros familiares de primer y segundo grado. Han pasado tres décadas y el secuestro se ha generalizado afectando la sensación de seguridad de los mexicanos en todo el territorio nacional, e incluso existen bandas operando del otro lado de las fronteras. El secuestro evolucionó no solo por su frecuencia sino también por su intensidad y complejidad con el que se comete. Los que nos interesamos en el estudio de este fenómeno del secuestro creemos que se requieren nuevas estrategias psicológicas de estudio, ahora ya no es suficiente conocer el modo de vida y de operación de los secuestradores, sino también el “modo de cooperación” de las personas que participan en dichas actividades (el que observa, el que captura, el que traslada, el que cuida, el que negocia el rescate, el que cobra).
Enfrentamos un problema pluricausal que evoluciona con el paso del tiempo, en donde todos en general somos los culpables atendiendo al principio de que las “sociedades tienen los delincuentes que merecen” y en nuestra opinión de poco sirve culpar a personas en lo particular o a las instituciones de procuración y administración de justicia, el secuestro tienen su origen en la sociedad mexicana y es la sociedad mexicana la que debe buscar soluciones en todos sus sectores.
Desde el punto de vista de la psicología, el estudio del secuestro representa un reto constante e interminable, como dije anteriormente el secuestro evoluciona en frecuencia, intensidad y complejidad, podemos incluirlo dentro de las enfermedades sociales de nuestro país, sin olvidar que se trata de una expresión de una época de violencia que estamos viviendo en todo el mundo, en otras latitudes tenemos terrorismo, guerrillas, golpes de estado, piratería, bachaqueros…
Del mismo modo como ha mutado el secuestro, también ha mutado la participación de la víctima, ahora se requiere que las personas vulnerables a secuestro se encuentren informadas, por ejemplo: estadísticamente sabemos que los estudiantes de educación media superior, superior y sobre todo los de posgrado son en frecuencia, el segundo tipo de víctima preferida por el secuestrador (27.8 por ciento de las víctimas de secuestro son comerciantes, 21.3 estudiantes, 14.2 empresarios, 11.3 profesionistas y 9.2 por ciento personas dedicadas al hogar); aun así, estudios que hemos realizado sobre la percepción que tienen los alumnos de licenciatura respecto a la posibilidad de ser secuestrados, nos señalan como resultado que solo 60 por ciento piensa que puede ser secuestrado y que su probabilidad de ser secuestrado es de 50 puntos porcentuales. Nos damos cuenta que solo el 3.25 de los estudiantes encuestados de licenciatura cree que existe 99 por ciento de probabilidad de ser secuestrado, es una porcentaje muy bajo de estudiantes que perciben adecuadamente su vulnerabilidad al secuestro.
El tema del secuestro implica por un lado el derecho de la sociedad a estar informada y por otro lado incluye un problema de política criminal, se trata de un deber del gobierno el mantener la salud mental de sus ciudadanos evitando la posibilidad de crear neurosis o psicosis colectiva. Por un lado las instituciones oficiales tienden a minimizar las cifras y por otro lado las organizaciones no gubernamentales tienden a inflarlas, lo que imposibilita conocer una cifra que se acerque a la realidad con certeza científica. Estamos frente a la creación de cifras negras (imposibles de conocer) que creamos entre todos, bien se podría implementar un tratamiento estadístico, como por ejemplo una media móvil, y sin embargo, corremos el riesgo de obtener correlaciones intangibles, es decir, que no apliquen a la realidad.
Finalmente, quiero comentar que para hacer llegar la información a población vulnerable se requiere de apoyo a programas de prevención primaria del delito, pero al momento no ha sido posible obtener financiamiento para dichas metas, algunas instituciones muestran entusiasmo e interés en los programas de prevención primaria del delito de secuestro, pero no quieren invertir en ellos, mantienen equivocadamente su percepción de que el riesgo es bajo.

Alumnos colaboradores: Jonathan Ruiz Licona, José German Chavarría y Ricardo Salas Lara.

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