Reforma energética y gasolinazos son anticonstitucionales

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Francisco Rodriguez

La fracasada reforma energética del trinomio Videgaray-Meade-Peña Nieto no solo enganchó la soberanía nacional al cabús del Imperio, aunado a que además remató y subastó la geografía territorial del país y causó un enorme desplome de la economía mexicana, sino que dejó huellas profundas de una impudicia anticonstitucional de difícil resolución.
Gasolinazos, gasazos, tarifazos eléctricos y de agua, están “fundamentados” en un armado jurídico imposible de justificar. A raíz de la aprobación de la llamada reforma estructural energética en diciembre de 2013 se publicaron 21 leyes secundarias, 15 reglamentos y toda una parafernalia normativa para consumar el atraco. Todos ellos, anticonstitucionales.
Teniendo como punto fundamental la “actualización “ de los artículos cinco, 27 y 28 de la Carta Magna, dizque para ubicarnos a la vanguardia de la competencia internacional, se crearon bodrios infumables que los famosos legisladores tricolores han querido heredar a todas las generaciones de mexicanos habidas y por nacer.

El legislativo se dejó robar sus facultades

Ejecutadas por el valetudinario Carstens, antes de ser trasladado por sus patrones neoyorquinos al lavadero monetario internacional de Basilea para seguir cumpliendo sus macabras encomiendas, el entonces gobernador de Banxico decretó por sus pistolas precios de productos y bienes de interés público como si fueran objetos de comercio privado contando con la complicidad de la Suprema Corta de Justicia de la Nación.
Carstens no solo se complicitó con el trinomio referido en el saqueo de los lingotes de oro de la reserva federal que fueron escondidos en paraísos fiscales por valor de miles de millones de dólares, no solo comprometió las reservas para el apoyo exclusivo del dólar americano, no solo “contuvo” la inflación sacrificando el salario obrero, sino que…
Se pasó por su invisible arco del triunfo mandamientos constitucionales de la más honda tradición normativa para fijar a su arbitrio personal las tarifas de bienes y servicios, potestad exclusiva de las agachonas cámaras que jamás dijeron esta boca es mía para defender a la economía popular de atropellos deleznables.
La reforma energética elevó a la fantasmal comisión reguladora de energía a un sitial injustificable, por encima de la voluntad popular para trasladarle sus mendaces atribuciones de fijar los precios de las tarifas eléctricas, así como la potestad de restringir los subsidios al consumo nacional, haciendo a un lado las facultades presupuestales de la Cámara de Diputados. Otra raya más al tigre.

Comisión reguladora de energía, ¿órgano particular?

Como es del dominio público, en el ámbito jurídico-administrativo del país existe el principio inconfundible de garantía de legalidad tributaria, que se basa en que los servicios que presta el Estado a sus gobernados se cobran por créditos fiscales, es decir, ingresos ordinarios por concepto de derechos reservados al Estado por mandato constitucional antiquísimo.
El establecimiento de las contribuciones compete al Poder Legislativo por mandamiento de los artículos 73, fracción tres y 31, fracción cuatro. Todas deben tener como fundamento y origen, de manera indubitable, al Poder Legislativo, tan disminuido y tan “prudente” a la hora de ejercer sus facultades en beneficio del pueblo.
Por lo tanto, las tarifas eléctricas, así como las restricciones al subsidio y al consumo territorial cuando fueron fijadas por Carstens y ahora por la inexistente comisión reguladora de energía fortalecida por Videgaray y Meade con la firma del pasmarote de Los Pinos, son absolutamente anticonstitucionales y pueden ser revertidas por el juicio de amparo de cada uno de los 120 millones de mexicanos.
A no ser que se atraviese el falaz criterio jurídico de los engominados ministros de la corte, que por una decisión de la togada Margarita Luna Ramos aprovechen el cabildeo de una pretendida contradicción de tesis jurisprudenciales en el seno de ese fatídico órgano judicial para resolver que los bienes y servicios públicos producidos por el Estado para el consumo de los habitantes, ¡se refiere a un acto de comercio entre particulares! Así, como suena.

Jurisprudencia absurda de Margarita Luna Ramos

Calcando la interpretación de dos artículos del código de comercio porfirista, aprobados por el dictador sin el concurso del Congreso decimonónico, los ministros de la corte, empinados por Margarita Luna Ramos, sentaron una jurisprudencia absurda e ilegal sobre los reclamos de una pléyade de abogados y juristas encabezados por el maestro José Alberto Sánchez Nava desde hace más de una década.
Es decir, que el criterio de la suprema Corta sobre las contribuciones de los mexicanos fue reducido a un conflicto entre particulares, considerando que el acto de comercio debía ser incoado a través de un proceso por la vía ordinaria mercantil, con la pena de pagar los gastos y costas del juicio, más los daños y perjuicios, a cargo de los reclamantes de amparo.
Lo demás fue coser y cantar. Si usted recurría al famoso juicio ordinario mercantil, los jueces comunes de marras le daban palo porque usted estaba contra los altísimos y doctorales criterios de la sagrada jurisprudencia de la Suprema Corta.

Todos perdimos 30 por ciento de nuestros ingresos

Los servicios a la nación, prestados oficiosa o convenientemente por la ministra de postín, fueron ubérrimamente recompensados con cargos jugosos en la magistratura. Uno de los cuales recayó precisamente en su hermano, designado impoluto presidente del “honorable” Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal para consumar el fraude calderonista y peñanietista en los comicios de 2006 y 2012.
El impacto del insostenible criterio de la Corta alcanzó a dañar gravemente a la economía nacional, no solo al honor de los mexicanos. Alrededor de 30 por ciento de los ingresos de las empresas, factorías y negocios fueron disminuidos por las aberrantes tarifas eléctricas nacionales que el Estado mexiquita asestó como una puñalada al interés público.

El Buró de Crédito, también viola la Carta Magna

Las cantinelas sobre el sexenio del empleo calderonista y peñanietista, así como el horrendo mexican moment del siglo y los bolsillos de los mexicanos fueron arrasados por la misma claque de pistoleros embozados. Los abogados reclamantes se han encargado de recordar ese absurdo jurídico cometido por Carstens.
Un decreto hacendario expedido por quien hoy está sentado en el lavadero de Basilea, después asumido como ley general de observancia obligatoria, decidió que toda causante fiscal al borde de la pobreza fuera exhibida en el Buró de Crédito del aparato, infligiendo a los mexicanos el delito de suma injuria definido por el artículo 22 constitucional que prohíbe azotes, penas corporales injustificadas, infamias y ejecuciones sumarias.
Y es que, como cualquier mexicano sabe, el procedimiento infamante del Buró de Crédito fue calcado de las prácticas yanquis para que las distribuidoras de autos en México ajusticiaran moralmente a sus deudores. Pero jamás para que un tecnócrata a cargo del Banco de México lesionara el prestigio de los ciudadanos, a través de una interpretación ridícula y anticonstitucional.

Las infamias del peñanietismo están por cobrarse

Las injurias, infamias, azotes públicos y penas inusitadas y trascendentales impuestas por el peñanietismo al pueblo de México están por cobrarse.
Quedan como un juego de tretas las reformas al código federal de procedimientos civiles que quisieron catalogar como infamantes las llamadas ofensas de los periodistas a los rateros del gabinete y las gubernaturas. Se quedan absolutamente cortas. Las auténticas son las de esa pandilla de facinerosos que nos han dejado en la ruina, desde el abuso, la ignorancia y la prepotencia.
Usted tiene la palabra el próximo primero de julio.
¡Nos vemos en las urnas!

Índice Flamígero: Y ayer, en Querétaro, los pomposos discursos leídos en teleprónter, “honrando” a una Constitución que ya no existe, que no se respeta, que se enmienda, reforma y hasta tergiversa. Kafkiano evento, la verdad. + + + Sobre Rex Tillerson nos escribe hoy don Rubén Mújica Vélez: “En repetición puntual de los añejos yanquis arrogantes por el poder, acudió a nuestro país para: 1) prevenirnos de los tentáculos rusos en las próximas elecciones; obvio para impulsar al pobrecito Meade candidato tricolor. Creo que aunque en la caso nuestro se equivoca, revela que sabe de lo que señala: Trump, para ganar entre los grandes electores yanquis, aunque voto a voto perdió ante a la Caperucita Hillary Clinton. Para ese triunfo, Trump necesitó del apoyo del tovarich Putin. Aunque lo ha negado, está feliz porque parece estar saliendo del atolladero que lo sacaría de la Casa Negra yanqui. 2) pontificar acerca de los gobiernos dictatoriales de América Latina que amenazan la paz continental. ¡Ayyyy don Tillerson, nosotros conocemos nuestra historia y sabemos acerca de las más de 100 ocasiones en que han invadido a México! ¡No venga a vender chiles en Jalapa! De paso un consejo: su actitud de vaquero matón, solo le quedaba a John Wayne. Que no olvide la runfla de viejos que aplauden a Trump y quieren crear guerras en que mueren jóvenes, sabrá contenerlos los demócratas. ¡Usted tuvo razón al despreciar el IQ del energúmeno de su patroncito azafranado!”

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@pacorodriguez

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