Por mayoría, ayer la Cámara de diputados federal aprobó en lo general y en lo particular dos reservas a la reforma a la ley de instituciones de crédito propuestas por la diputada morenista Lidia García Anaya. Esta acción legislativa cobra relevancia por lo que está en juego: la certeza de que, ante una acción gubernamental tan delicada como el congelamiento de una cuenta bancaria, cualquier ciudadano podrá saber al menos qué es lo que está pasando y con ello acceder al derecho de una adecuada defensa. En concreto, con la reserva aprobada ayer ahora la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá que notificar por escrito a quienes hayan sido objeto de congelamiento de sus líneas bancarias y además faculta a la Fiscalía General de la República (FGR) a que dé seguimiento al proceso una vez que la UIF investigue sobre la procedencia del dinero. Esto limita el actuar de la UIF, institución que se ha distinguido por proceder sin mediar explicación de por medio y que, por ejemplo, congeló todas las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) a finales de abril de este año. En aquella ocasión un escueto tuit del titular de la UIF Santiago Nieto fue la única referencia sobre la acción que afectó a miles de estudiantes y trabajadores de esa casa de estudios. Una iniciativa que da certeza ciudadana mas no limita la lucha contra la corrupción que distingue a la actual administración federal. De filón. La falta de consenso en torno a la iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo en Hidalgo impidió que ésta fuera avalada ayer en el seno del Congreso local. Una acción que será retomada, según el diputado coordinador de Morena Ricardo Baptista, el próximo año. Un trabajo que de salir adelante requerirá un hilado fino, luego del desencuentro que esta iniciativa provocó en el grupo que hoy ostenta la mayoría en el Legislativo estatal.

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