Limpiar la imagen del decaído Partido de la Revolución Democrática (PRD) tras el asalto de dos de sus regidores a una tienda de conveniencia, es lo mínimo que debe buscar ese instituto político. Resulta simplemente inconcebible y vulgar la forma en que actuaron Josué González Hernández y Gustavo Guerrero Sebastián, así como Juan Lugo Hernández, regidor del PAN, quien también participó en ese corriente hecho delictivo.

Ayer mediante un comunicado, el partido que dirige Héctor Chávez en el estado solicitó que los dos asambleístas de Tula sean separados del cargo. Hasta el cierre de esta edición esperamos el pronunciamiento del PAN. Nunca llegó. En este país hemos sido testigos de casos de delincuencia política en muy altas escalas, aunque no por eso justificable, sin embargo robar dinero en efectivo, una botella de whisky y refrescos solo demuestra una cosa: corrientes en su máxima expresión. Dejar el cargo es lo mínimo que estos tres sujetos deben hacer ¡inmediatamente! para someterse a un principio de ética.

Frente a estos hechos, e independientemente de la solicitud del PRD, suponemos que el cabildo de Tula ya trabaja en eso. En estos momentos de efervescencia política el PRD, como el resto de los partidos, deben cuidar cualquier detalle de su estructura. Un escándalo a 42 días de la elección es prácticamente un boleto al tobogán electoral. “De ninguna manera el PRD permitirá contar entre sus filas con personajes que con sus decisiones personalísimas contravengan por lo que siempre hemos luchado: una sociedad justa, equitativa y en paz”. El pronunciamiento del perredismo hidalguense fue una oportuna estrategia de medios para desmarcarse del ridículo actuar de sus dos regidores.

No así el Partido Acción Nacional, que fue omiso ante la situación y con ello el mensaje intrínseco de la naturalización del delito. ¿Por qué decimos que el comunicado del PRD es una estrategia de deslinde institucional? Porque el bando del gobierno municipal de Tula es laxo en su artículo 84: “No podrá procederse en contra del presidente municipal, síndicos y regidores, cuando se trate de delitos de orden común o de carácter oficial, sin que previamente se cumplan los requisitos que señala la Constitución del estado y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Hidalgo”. En caso de proceder la investigación correspondiente, el artículo 85 a la letra dice: “En caso de que la acción resulte fundada en contra de cualquiera de los miembros del ayuntamiento a que se refiere el artículo anterior, se le cesará inmediatamente en sus funciones y será puesto a disposición de las autoridades competentes para que se siga el proceso correspondiente.

En momentos cuando requiere dignificar la política, el cabildo de Tula tiene una joya en sus manos. De filón. El karma existe: la mañana de ayer dos presuntos ladrones fallecieron, luego que tras asaltar una empresa en Actopan se dieron a la fuga y se impactaron con un autobús.

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