Pachuca.- La recién aprobada reforma al artículo 10 bis de la Ley General de Salud es un grave retroceso en materia de atención a la salud para el acceso a los servicios públicos y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, indicó Fernanda Díaz de León, asesora en política y abogacía de IPAS México.

En un pronunciamiento puntualizó que: “El dictamen recién aprobado, bajo el falso discurso de ampliar los derechos de los profesionales de la salud, no hace sino agravar las condiciones de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país todos los días y dificulta el acceso a los servicios públicos, ya que permite que los trabajadores de salud, incluyendo personal auxiliar y administrativo, se declaren objetores de conciencia y se nieguen a atender casos de aborto legal, como lo son: embarazos resultado de violencia sexual, embarazos que ponen en peligro de muerte a la mujer, los que ponen en riesgo la salud de la mujer y los casos cuando se diagnostican malformaciones en el producto, así como por razones económicas”.

La Cámara de Diputados aprobó el martes un dictamen de la comisión de salud que aprueba la iniciativa presentada por el Partido Encuentro Social (PES), que fue apoyada principalmente por diputadas y diputados de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI). El dictamen fue aprobado con 313 votos a favor, 104 en contra y 26 abstenciones.

La organización reiteró que la aprobación de la iniciativa es una muestra del interés por frenar los avances en el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos.

El documento enviado a esta mesa de redacción señala que “este dictamen, que aún podría ser rechazado por el Senado, cobra una trascendencia mayor ya que genera vacíos legales que podrán ser usados por el Estado para eludir sus responsabilidades y obligaciones de garantizar la atención a la salud, desde los servicios públicos, agravando condiciones de alta marginación, sobre todo en ciertas zonas del país en las que es más evidente la falta de cobertura, acceso y abasto”.

En los últimos años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado sobre algunos países que usan la objeción de conciencia como una estrategia sistemática para colocar barreras al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y negarse a brindar servicios públicos de salud, específicamente en temas de aborto.

“En América Latina, la objeción de conciencia se ha usado como una barrera para acceder a los servicios de aborto seguro, orillando a las mujeres a recurrir a servicios clandestinos que en ocasiones son inseguros, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres”, comentó la entrevistada.

 

En ese sentido, IPAS México y otras organizaciones expertas en derechos humanos han manifestado su preocupación e hicieron un llamado al Senado para frenar ese intento del PES que atenta contra el estado laico, los derechos humanos de las mujeres, la Constitución mexicana y los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por la República mexicana.

IPAS es una organización internacional no gubernamental, fundada en 1973, dedicada a eliminar las muertes y discapacidades evitables atribuibles al aborto inseguro.

Contexto

  • La Cámara
    de Diputados aprobó el martes un dictamen de la comisión de salud que aprueba la iniciativa presentada por el Partido Encuentro Social
  • Luego que
    la reforma permite que los trabajadores de salud, incluyendo personal auxiliar y administrativo, se declaren objetores de conciencia y se nieguen a atender casos de aborto legal, lo que agrava las condiciones de violencia que enfrentan las mujeres

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