La postura de Estados Unidos, apoyada por Inglaterra, de estar en contra del libre comercio, se confirma en todas las intervenciones tanto de Trump como de su representante comercial Robert Lighthizer, quien ratificó de manera rotunda su rechazo al Acuerdo de Asociación Transpacífico, ante los representantes de los 11 países que pretendían revivirlo.
Agréguele usted a esta posición de anti libre comercio, la debilidad política del régimen de Peña Nieto ante EU, al grado que la relación bilateral está en su punto más crítico, expresó Gerónimo Gutiérrez, embajador de México en Washington, de tal forma que sigue poniéndose en duda la idea de ser socios comerciales, lo que pone en riesgo la cooperación en materia de seguridad, vulnerando más a México.
En lo interno, Peña Nieto no cuenta con el respaldo de la mayoría de los mexicanos, dado que su popularidad está por los suelos, tendiendo a decrecer aún más, entre otras, por el incremento de la pobreza, por su prepotencia y obsesión de imponer una elección de Estado, en el Estado de México, una entidad, como todas ya, golpeada por la creciente corrupción y la violencia, tanto de los criminales, como de los que defienden su vida al ser asaltados y privados de sus pertenencias.
La renegociación del TLC reviste aristas muy delicadas, ampliamente reconocidas por Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, quien expresó que la renegociación será como la montaña rusa, con días malos, días buenos y días peores, a lo que agregó estar positivo, pero no optimista; hay que considerar su opinión, porque es uno de los pocos funcionarios del gabinete Peñista que es objetivo.
Ildefonso Guajardo planteó tres premisas de renegociación: la primera refiere a reconocer que las tres naciones se han beneficiado del TLC, bueno, en el caso de los pequeños productores agrícolas mexicanos y de las Pymes no ha sido así; segunda, establecer como requisito la aprobación legislativa de las modificaciones por parte de las tres naciones; y la tercera es la inclusión de temas como el comercio electrónico, las telecomunicaciones, la propiedad intelectual y los derechos ambientales y laborales.
Sin embargo, cabe mencionar que la relación bilateral México-EU pende del delgadísimo hilo de las pláticas secretas entre Videgaray y diversos funcionarios y empresarios estadunidenses, lo cual en lugar de generarle algún respaldo social por parte de los mexicanos, ha propiciado sospechas y dudas.
Sobre todo si recordamos que para la firma del primer TLC a finales de 1992, que entró en vigor el primero de enero de 1994, México fue presionado para aceptar el Acuerdo sobre Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), lo cual representó una aceptación anticipada, porque fueron acordados por la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Marrakech en 1994, los países desarrollados tenían la posibilidad de aceptarlos hasta 2005, año en que la OMC los empezó a aplicar.
Esta aceptación anticipada de los ADPIC significó reconocer la expansión del conocimiento tecnológico patentable, pero además, la aceptación del predominio de la jurisprudencia estadunidense, inclinada a fortalecer la propiedad intelectual, así como el paso del modelo de ciencia abierta a otro basado en la comercialización de los resultados de la I+D en las universidades e instituciones financiadas con recursos públicos, o sea, el conocimiento como bien económico sujeto, claro, a las complejidades de las fuerzas del mercado.
Las presiones a México surgieron cuando EU, insatisfecho con la protección otorgada a la propiedad intelectual por parte de México, retiró en 1987 los productos químicos del sistema generalizado de preferencias; además en 1989, México fue ubicado en la lista de países bajo observación que potencialmente podían recibir sanciones.
En respuesta, México anunció en 1990 su intención de promulgar nuevas leyes para proteger la propiedad intelectual, además de aceptar la inclusión del tema de los ADPIC en la agenda de negociaciones del TLC de ese entonces, fue así como EU retiró a México de la lista negra (J Aboites 2008).
El aumento de la protección de la propiedad intelectual ha sido una demanda fundamental de las empresas estadunidenses, por lo que se impuso la aprobación de una nueva ley mexicana para que las negociaciones del TLC de ese entonces marcharan a buen paso.
Fue así como la ley de invenciones y marcas, reformada en 1987, fue sustituida por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial; los efectos y consecuencias de este nuevo régimen internacional de la propiedad intelectual representaron, a nivel general, un instrumento de apropiación de los beneficios de la globalización, concentrándose en las naciones desarrolladas tecnológicamente.
Hoy vemos que los que dominan la propiedad intelectual en México son los extranjeros: de las patentes concedidas en 2015 y 2016, 95.5 y 88 por ciento, respectivamente, fueron para extranjeros; el rezago tecnológico y la falta de capacidades tecnológicas de México fue resultado del primer TLC, que explica en gran medida nuestra falta de productividad y aumento de la pobreza, no se diga en el campo mexicano y en las Pymes, y ahora, ¿qué nos espera?

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