Ciudad de México.- De los 399 casos de hostigamiento y abuso sexual en instituciones de la administración pública federal (APF) contra 402 víctimas registradas de enero de 2016 a septiembre de 2018, solo uno por ciento llevó a sanción, lo que evidencia las relaciones desiguales de poder y el estado de indefensión de las víctimas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostuvo que con frecuencia esos casos quedan impunes por la falta de mecanismos eficaces para atenderlos.

En el periodo de referencia, 61.19 por ciento de las víctimas de hostigamiento y acoso sexual se concentró en la Secretaría de Educación Pública, con 99 casos; y de la Defensa Nacional, con 87, así como en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 60 casos, según datos proporcionados por 25 instituciones federales.

La CNDH refirió que 94.53 de las víctimas fueron mujeres, 3.23 por ciento hombres y en 2.24 por ciento no se especificó el sexo de las víctimas.

Las conductas más denunciadas fueron: emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o pretenda colocarlas como objeto sexual; insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter sexual; y realizar señales sexualmente sugerentes.

Otras formas de agresión fueron tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual; tomar represalias de cualquier índole por rechazar proposiciones de carácter sexual; rumores, expresiones o insultos de carácter sexual, además de conductas contrarias al código de ética.

El Diagnóstico de hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración pública federal 2015-2018 fue elaborado por la CNDH con información del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Secretaría de la Función Pública y la remitida directamente por las instituciones de la administración pública federal.

Al presentar el documento, la directora de observancia de la política nacional en materia de igualdad del programa de asuntos de la mujer y de igualdad entre mujeres y hombres de la cuarta visitaduría general de la CNDH Maribel Becerril Velázquez precisó que el hostigamiento sexual está tipificado como delito en casi todas las entidades federativas y en la federación.

Al respecto, destacó que la Ciudad de México es la excepción, porque no se prevé ese tipo en el código penal; mientras que Baja California, Puebla, Sonora y Tamaulipas, así como en el código penal federal, se le sanciona únicamente si se causa un daño o perjuicio a la víctima.

Explicó que según el documento, diversas instituciones no proporcionaron información sobre la edad de las víctimas, y en los casos en que sí se refirió se identificaron víctimas desde los 12 hasta los 57 años.

En 4.98 por ciento de los casos se reubicó físicamente a la víctima del lugar de trabajo, y de ese porcentaje, en 2.74 por ciento la reubicación fue definitiva, mientras que en 13.43 por ciento de los casos se reubicó al agresor.

En ese sentido, recordó que la CNDH ha emitido dos recomendaciones por casos de hostigamiento y acoso sexual (37/2017 y 26/2018), en las cuales se reconocen las tareas pendientes de las instituciones para fortalecer la atención e investigación de esas conductas.

Durante la presentación del documento, María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, cuarta visitadora general de la CNDH, afirmó que pese a los avances significativos para combatir dichas conductas es preciso desterrar las prácticas que justifican el hostigamiento y el acoso sexual en espacios laborales.

Cruzvillegas refrendó el compromiso de la CNDH de constituirse en aliada de las instituciones públicas para contribuir a la eliminación de patrones culturales que menoscaban la dignidad de las personas, patrones que se hacen visibles en la comisión del hostigamiento y acoso sexual.

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