De acuerdo con cifras del CEAMEG, la entidad ocupa la octava posición a nivel nacional en ese factor

Pachuca.-

Hidalgo ocupa la octava posición a nivel nacional respecto a menores de edad recluidos junto a sus madres en distintas cárceles del estado, con 22 casos, reveló el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados.
La lista la encabezan Ciudad de México con 102, Nuevo León 74, Guerrero 53, Estado de México 49, Tamaulipas 48, Veracruz 47 y Chiapas con 23 menores de edad en los centros de reclusión.

Los centros de readaptación social, hasta el 2 de enero de 2013, pertenecían a la Secretaría de Seguridad Pública, que por decreto presidencial se sustituyó por la Comisión Nacional de Seguridad, el CEAMEG hace esa acotación en relación a que a partir de dicho cambio la característica ha sido la opacidad de información.

Dentro de los hallazgos reportados en el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2016, se informa que a agosto de ese año se tuvo registro que en 30 de las 32 entidades, y en uno de los centros federales, había una población total de 618 niñas y niños.
El documento retrata que para entonces había una población total de 13 mil 320 mujeres repartidas en cárceles del país, de ellas 579 permanecían con sus hijas e hijos dentro de los centros de reclusión.

El sistema penitenciario no ha sido diseñado pensando en los efectos secundarios, en las víctimas colaterales y en las consecuencias sociales a corto, mediano y largo plazo, agrega el estudio del CEAMEG.
Su ineficacia va más allá de la falta de una política de reinserción efectiva, que no solo vulnera los derechos de las que deben permanecer en prisión, sino que, violenta los derechos de la niñez, cuya inocencia no le permite comprender lo que ocurre en su entorno.

“Es necesario mencionar que, si bien la familia es la responsable directa de garantizar los derechos de la niñez, el Estado de manera subsidiaria debe hacer frente a esa
responsabilidad.”
Cuando de las opciones exploradas para generar un ambiente sano y cálido, la de mayor viabilidad es que permanezcan al lado de la madre en reclusión, el Estado debe proporcionarles espacios adecuados y seguros garantizando siempre la protección y la integridad de la niñez dentro de la cárcel; brindarles la atención médica de acuerdo a su etapa vital, espacios educativos con educadores sensibles al contexto; programas e instalaciones para llevar a cabo actividades culturales, deportivas y de libre
esparcimiento.

Lamentablemente, por otro lado, las madres deben sortear otros aspectos fácticos que se presentan al interior de esos centros penitenciarios y que impactan negativamente en el ejercicio de los derechos de la niñez, la causa principal la constituye el
autogobierno.
Esa práctica es innegable, que al amparo de la impunidad realizan todo tipo de violaciones en perjuicio de la población interna y de sus familiares, quienes tienen que pagar por entrar, por ir al baño, por llevarles comida, ropa y productos de aseo, por ocupar una mesa, una silla, darles dinero a sus internas para que no las golpeen, o les roben sus pocos objetos personales, por tener un espacio para dormir o para poder ocupar cualquier espacio al interior.

Esa violación descomunal latente que prevalece en todos los centros penitenciarios del país es producida, tolerada y fomentada por las autoridades federales, estatales y municipales por lo que permea en toda la estructura administrativa y operativa de los Ceresos.
Lo anterior transforma esos sitios en lugares inhóspitos, inseguros, peligrosos, arbitrarios y con una corrupción transversal de dimensiones impensables, que consienten la comisión de cualquier tipo de delitos.

Luego entonces, al no contar con instalaciones y alimentación adecuadas, con profesionales especializados, seguridad, educación, espacios recreativos y atención médica de acuerdo a su edad, entre otros factores que garanticen el desarrollo de la niñez, a todas luces se vulneran sus derechos humanos, situación que se minimiza y por ende no es atendida eficazmente, por lo que el Estado incurre en responsabilidad.

La lista la encabezan Ciudad de México con 102, Nuevo León 74, Guerrero 53, Estado de México 49, Tamaulipas 48, Veracruz 47 y Chiapas con 23

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