Enrique Javier Nieto Estrada
Gabriel López Delgadillo

En el México contemporáneo, la religión y las Iglesias han jugado un papel protagónico como en otras naciones. Ante el reconocimiento y la preocupación por las manifestaciones de intolerancia y la discriminación en todo el mundo por esa causa, la libertad de conciencia y ejercicio libre de credo se ha consagrado como un derecho fundamental, en consideración a las constantes violaciones a los derechos humanos que han causado directa o indirectamente guerras, genocidios, desplazamientos, violencia, homicidios, entre otros ominosos sufrimientos a la humanidad. Por tales motivos, el 25 de noviembre de 1981 la ONU proclamó la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones. En ella “se entiende por intolerancia y discriminación ‘basadas en la religión o las convicciones’ toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Ello dio cabida, por recomendación de ese organismo internacional, a la creación de leyes a favor de la diversidad religiosa en los países miembros de la ONU. Si bien, México tenía ya una historia al menos en el papel de proteger la libertad religiosa desde 1860 con la Ley de Libertad de Culto, quedó como garantía individual en la Constitución de 1917, pero no fue sino hasta el 15 de julio de 1992 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Las preferencias religiosas son de los ámbitos de la vida pública y privada, y México ya se reconoce como un país multirreligioso. Es algo tan importante para las personas que en estudios realizados por el World Economic Forum en 2016, ocupamos el lugar 23 de 40 entre los países cuya población manifestó que la religión es muy importante en sus vidas privadas y también en la vida pública. Casi cuatro de cada 10 mexicanos encuestados hicieron esa afirmación.

En el censo de 2010, se registró de manera oficial que el 84 por ciento de la población se autoadscribió como católica. Especialistas en el tema, como Elio Masferrer Kan, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, replicaron que dicha cifra era de 10 puntos porcentuales menos si se considera la población que aparece bajo la categoría no especificada en el censo.

Ese segundo aspecto estadístico es relevante, ya que deja entre ver que desde 2010 solo siete u ocho de cada 10 mexicanos son católicos, además de sustentar su aseveración con otros estudios estadísticos en los que compara a los nacidos con los bautizados y las críticas constantes a la forma en que se realizaron las preguntas en dicho censo y su procesamiento.

El aumento de seguidores en otras religiones ha sido constante en la historia de nuestro país y se demuestra mediante la comparación de los censos desde finales del siglo XIX. Otros estudios más recientes como la Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas en México, realizada por la Rifrem en 2016, explicaron que en México 95.1 por ciento de la población pertenecen a alguna religión y el 4.9 por ciento a ninguna. Ese mismo estudio expone que 10 de cada 100 mexicanos han cambiado su religión. Eso sin considerar a todos los que ya nacen perteneciendo a cualquiera de las religiones de nuestro país y que continúan en ellas.

El estado de Hidalgo aparece en ese estudio con una dinámica de cambio religioso lenta o emergente con respecto a la registrada en estados cercanos a las fronteras norte y sur que registran una dinámica mayor. Eso se entiende en el mismo estudio como que casi cuatro de cada 10 hidalguenses pertenecen a alguna religión, pero en caso contrario son 12 de cada 100 los que han cambiado de religión. Ello ubica a Hidalgo por encima de la media nacional, es decir, que las personas están en una dinámica mayor de conversiones y son varias las denominaciones religiosas que se encuentran aquí establecidas, que realizan misiones de evangelización y por lo tanto su propagación es continua. Con mayor frecuencia vivimos con personas que tienen creencias distintas a las nuestras o a las tradicionales y que hacen actividades de júbilo religioso o enfrentamientos. Eso también pasa al interior de las familias.
En las localidades hidalguenses suceden conflictos que tienen su origen en la diversidad religiosa, en cantidad importante, y que tienen como denominador común la intolerancia.

Algunos de esos atropellos han llamado la atención de organismos nacionales e internacionales, públicos y privados pro derechos humanos y han documentado y difundido a través de la prensa y otros medios de comunicación la violación de un derecho fundamental: la libertad de creencia.

Una de esas tristes manifestaciones de intolerancia ocurrió en la localidad de San Nicolás, municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, donde se hizo pública la sistemática violación del derecho fundamental de ejercer la religión de la preferencia de cada persona. Ese conflicto duró años y la parte violentada aseguró que no recibió el trato jurídico adecuado conforme a la ley por parte del estado.

Son muchos los problemas generados en el marco de la intolerancia religiosa en este estado y pareciera que se acrecientan cada vez que no se atienden de la forma adecuada y conforme a la institucionalidad. Recientemente en Coamila, Huejutla, varios niños fueron transgredidos en sus derechos por un grupo de católicos, apoyados por su delegado municipal, quienes les impidieron el ingreso a la escuela primaria porque tanto ellos como sus padres eran evangélicos y no cooperaban para labores católicas locales. El problema fue evidenciado por varios periódicos y organizaciones religiosas que ven eso como un caso más donde bajo el pretexto de la Ley de Usos y Costumbres se antepone la decisión de unos cuantos a los derechos humanos y garantías individuales. Los roces por religión en la localidad sucedieron desde los primeros meses de este año, y para septiembre devinieron con la transgresión a sus derechos fundamentales de los menores que desde mediados de agosto estaban sin recibir el servicio educativo al que por mandato constitucional tienen derecho y el Estado la obligación a tutelarlo. Los agraviantes, justificándose, consideraron que la Ley de Usos y Costumbres está por encima de los derechos humanos. Sin embargo, el artículo 25 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo es clara: el sistema normativo e indígena de las comunidades y demás reglas “deberán ser plasmadas en el reglamento interno respectivo de cada comunidad, con pleno respeto al marco constitucional, a la legislación secundaria y a los derechos humanos”. Aunado a ello, está la ley y reglamento de Asociaciones Religiosas y Culto Público que está en calidad de ley muerta para este estado; lo más dramático, no se cuenta con un instrumento de medición de la situación de vejación que viven cientos o quizá miles de personas por el único hecho de profesar la religión que con toda legitimidad y en pleno uso de sus derechos han elegido.

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