María Félix Quezada Ramírez / José Aurelio Granados Alcantar
Centro de Estudios de Población ICSHu / UAEH
Fotografía: Especial

Contexto

El gobierno de Donald Trump anunció el martes 5 de septiembre el fin del programa Acción diferida para los llegados en la infancia (DACA, por sus siglas en inglés), impulsado por el presidente Barack Obama (15 de junio de 2012) a través de una acción ejecutiva y tenía como objetivo impedir temporalmente la deportación de jóvenes indocumentados que ingresaron a Estados Unidos siendo menores de edad (llegaron antes de cumplir los 16 años, residían continuamente en ese país desde el 15 de junio de 2007 y tenían menos de 31 años en junio de 2012), esos jóvenes debían manifestar cierto nivel de estudios (asistir a la escuela al momento de hacer su solicitud, haberse graduado de la escuela superior, poseer un certificado de educación general o haber servido en la guardia costera o en las fuerzas armadas) pero sobre todo demostrar que no representaban una “amenaza” para la seguridad nacional (https://www.dhs.gov/archive/accion-diferida-para-los-llegados-en-la-infancia).
La consumación del DACA se llevará a cabo dentro de seis meses (5 de marzo
de 2018) y el Congreso será el encargado de encontrar una alternativa para aquellos que fueron beneficiados. El grupo poblacional favorecido es conocido también como dreamers o los soñadores cuyo nombre fue derivado desde La Ley Dream Act de 2001. Sin embargo, según Jorge Durand (http://www.jornada.unam.mx/2012/07/01/opinion/022a2pol, 2012) estos soñadores hicieron presencia pública hasta las megamarchas de 2006 en protesta por la ley Sensembrenner HR4437 considerada como una de las iniciativas más severas hacia la inmigración ilegal. A través del DACA, los dreamers consiguieron entre otras cosas una autorización para trabajar y licencia para conducir que podían renovar cada dos años.
La acción del presidente Trump ha recibido diversos cuestionamientos, entre ellos la demanda que presentaron algunos estados (Nueva York, Massachusetts, Washington, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Hawai, Illinios, Iowa, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Virginia) al día siguiente de que el fiscal general Jeff Session anunció la revocación del DACA. Aunado a ello se encuentran las diversas manifestaciones en distintos puntos de la Unión Americana que los jóvenes han realizado junto con otros sectores de la sociedad civil.

Las cifras

Desde su creación, el DACA ha beneficiado a casi 790 mil jóvenes y se han emitido 800 mil renovaciones; 78 por ciento de las solicitudes aprobadas, tanto iniciales como renovaciones, han sido provenientes de mexicanos, lo que representa más de tres cuartas partes de todos los receptores del DACA. Es decir, actualmente hay 618 mil 349 jóvenes nacidos en México que se han beneficiado del programa, lo que lo ubica en el primer sitio, el segundo país con mayor número de dreamers es el Salvador con 28 mil jóvenes.
Los principales estados receptores del DACA son California (223 mil), Texas (121 mil), Illinois (42 mil), Nueva York (42 mil) y Florida (33 mil). Los beneficios del DACA se otorgan por dos años, de manera que las personas que actualmente los poseen podrán retenerlos junto con sus autorizaciones de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) hasta que el DACA termine. Las personas cuyos permisos expirarán entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018 son elegibles para renovarlos; ninguna persona perderá sus beneficios antes del 5 de marzo de 2018.
En relación con ello, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indica que de agosto a diciembre de 2017 expirarán los EAD de 201 mil 678 personas, de ese total 55 mil 258 ya han presentado peticiones de renovación. En 2018, desaparecerán los EAD de 275 mil 344 personas, pero 7 mil 271 ya han presentado peticiones de renovación. De enero a agosto de 2019, caducarán los EAD de 321 mil 920 personas y ocho de ellas han presentado peticiones de renovación. Las cifras dan cuenta que la probable deportación de los dreamers no se hará en éxodo sino de manera paulatina.

Impacto de los Dreamers en Estados Unidos

Del primero de agosto de 2017 al 20 de agosto de 2017, Tom K Wong de la Universidad de California en San Diego, United We Dream (UWD), el Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC) y el Center for American Progress (http://www.redalyc.org/pdf/151/15145348003.pdf) realizaron una encuesta nacional para analizar las experiencias económicas, laborales, educativas y sociales de los receptores de DACA. Ese estudio es el más relevante hasta la fecha ya que tiene un tamaño de muestra de 3 mil 63 encuestados en 46 estados, así como el Distrito de Columbia.
La investigación demostró que el DACA no solo ha mejorado las vidas de los jóvenes indocumentados y sus familias, sino que también ha afectado positivamente a la economía en general. Asimismo, el estudio señala que los beneficiarios de la DACA continúan haciendo contribuciones positivas y significativas a la economía como ganar salarios más altos, lo que se traduce en mayores ingresos tributarios y crecimiento económico que beneficia a los estadunidenses; han adquirido coches, casas y han creado nuevos negocios. Los resultados de la encuesta también muestran que al menos 72 por ciento de las 25 mejores empresas de Fortune 500 emplean a los receptores de DACA. Finalmente, 97 por ciento de los encuestados están actualmente empleados o matriculados en la escuela. Otro estudio sobre el DACA es el de Randy Capps, Michael Fix y  Jie Zong (http://www.migrationpolicy.org/research/education-and-work-profiles-daca-population) quienes examinan la relación entre la educación y el trabajo donde concluyen que los trabajadores con DACA se encuentran principalmente en las ocupaciones de cuello blanco, en cambio los inmigrantes no autorizados en ocupaciones manuales. Además, una cuarta parte de los trabajadores elegibles de DACA también están matriculados en la educación superior, por lo que los autores destacan que muchos de esos jóvenes necesitan trabajar para pagar la universidad, no obstante, pueden acceder a mejores puestos de trabajo a medida que terminan sus estudios.

Los principales
estados receptores
del DACA son California (223 mil), Texas (121 mil), Illinois (42 mil), Nueva York (42 mil) y Florida
(33 mil)

 

 

 

 

Los hidalguenses

Hidalgo sigue siendo una de la entidades con un alto índice de intensidad migratoria, en 2010 el Consejo Nacional de Población lo ubicó en el quinto lugar después Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Nayarit. Actualmente el estado continúa enviando población a Estados Unidos, la cual se concentra principalmente en Houston, Texas; Clearwater, Florida y Las Vegas, Nevada. Esos migrantes provienen sobre todo de los municipios del Valle del Mezquital (Ixmiquilpan, Zimapán, Tasquillo, Tecozautla, Pisaflores, Huichapan, Jacala, Cardonal, La Misión, Nicolás Flores, y Pacula, entre otros). Sin embargo, el flujo migratorio es menor proporcionalmente respecto a los años anteriores y se debe al incremento de la migración de retorno. Según datos de Granados y Pizarro Granados, A y Pizarro, K (2013), “Paso del Norte, qué lejos te vas quedando. Implicaciones de la migración de retorno en México”, en Estudios Demográficos y Urbanos, volumen ocho, número dos (469-496); mientras en el quinquenio 1995-2000 salieron del país 62 mil 160 migrantes, en el periodo 2005-2010 se fueron 41 mil 154 migrantes. En tanto, en 2010 habían regresado a Hidalgo alrededor de 52 mil 464 personas, y la mayoría de los retornados fueron varones y se encontraban en la cúspide de su vida laboral, 12.6 por ciento eran menores de 18 años, 58.3 era menor de 35 años y 23.7 por ciento tenía entre 35 y 50 años. La migración de retorno continúa en Hidalgo y ante la cancelación del DACA es posible que los dreamers hidalguenses sean deportados hacia el lugar de origen de sus padres y formen parte del universo de los migrantes de retorno. Por ello consideramos que el tema de los dreamers y de los migrantes de retorno en general es un proceso complejo y el estado debe ofrecer los medios necesarios para esta población que emigró al país vecino en busca de mejores condiciones de vida. De esta forma, el principal reto que se le presenta al gobierno en materia de política migratoria es la reintegración de los retornados.

La política migratoria y sus dilemas

El 23 de abril de 2014 se promulgó en el Diario Oficial de la Federación el Programa especial de migración (PEM) (2014-2018 (http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343074&fecha=30/04/2014). El PEM proponía un cambio de paradigma gubernamental sobre el fenómeno migratorio y buscaba consolidar una política migratoria que fuese entre otras cosas integral, de largo plazo, corresponsable, garante en el respeto a los derechos de los migrantes orientada al desarrollo de la comunidad y al bienestar del migrante. En ese contexto el programa reconocía que la atención del fenómeno migratorio requería la contribución de la sociedad civil, el sector privado, la academia los tres órdenes de gobierno y los tres poderes. El PEM planteaba cinco objetivos y 26 estrategias, 195 líneas de acción y 11 indicadores siendo el objetivo cuatro el que contemplaba “favorecer los procesos de integración y reintegración de las personas migrantes y sus familias”. Ese objetivo consideraba seis estrategias y diversas líneas de acción. Una de esas estrategias refería a la facilitación y promoción del “desarrollo educativo de las personas migrantes y sus familiares, donde se indicaba como línea de acción la revisión de “la regulación… a los procesos de reconocimiento de saberes y certificación de habilidades de las personas migrantes”.
A través del PEM se reconocía oficialmente la importancia de la gobernanza de las migraciones y por primera vez se elaboraba un documento donde el tema migratorio se volvía una prioridad nacional. Sin embargo, Ramos (http://www.redalyc.org/pdf/151/15145348003.pdf, 2016) señala que pese a su novedad no quedaba claro el modelo de gestión que se planteaba para una implementación efectiva y más bien se percibía como un modelo centralizado desde el gobierno federal. En el contexto hidalguense este PEM pasó desapercibido por el gobierno estatal y de los municipios expulsores de migrantes. Ejemplo de ello es que en el Plan de Desarrollo Estatal (2016-2022) del gobierno actual no lo menciona cuando el objetivo segundo del PEM expresaba enfáticamente la incorporación del “tema migratorio en las estrategias de desarrollo regional y local”. Por su parte, el Plan de Desarrollo Municipal de Ixmiquilpan el municipio con el mayor volumen de migrantes internacionales en el estado tampoco es retomado, incluso el plan de este municipio se aboca a destacar el grado de intensidad migratoria de Ixmiquilpan y no se establecen estrategias para los migrantes (PDM 2016-2022:5). Finalmente, la Oficina de Atención a Migrantes de Hidalgo que depende de la Secretaría de Desarrollo Social, señala como su objetivo la mejora de “las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes”, pero dada la coyuntura de los dreamers deberían generarse acciones concretas para esos jóvenes y los migrantes de retorno.
Un caso particular con el que pretendemos ejemplificar la complejidad de la reintegración de los migrantes retornados es el caso de José Godínez Sampeiro, licenciado en antropología de la New College of Florida (egresado en 2008), doctor en derecho de la Universidad Estatal de Florida (egresado en 2011) y miembro de la Barra de Abogados de Florida organismo que forma parte de la Suprema Corte del estado de Florida. El caso de José es excepcional porque fue el segundo inmigrante indocumentado que forma parte de una barra de abogados en Estados Unidos y el primero en el estado de Florida. El proceso para ser reconocido como miembro de esta barra de élite fue complicado por su situación migratoria, ya que por ser considerado un “extranjero” enfrentó diversos obstáculos para su movilidad educativa. Sin embargo, a partir de su activismo, su desempeño, sus calificaciones altas, acceso a becas, sus redes sociales y el apoyo de un grupo de abogados de alto prestigio consiguió que la Suprema Corte del Estado de Florida revisara su caso, se modificara la ley en Florida y se aprobara su inclusión en la barra de abogados. A sus nueve años José emigró a Florida, por lo que no solo era un indocumentado, sino también un dreamer, en 2012 se benefició del DACA y con ello consiguió su licencia de manejo y su permiso de trabajo. El DACA le permitió que no fuera deportado, sin embargo, en 2015 por decisión propia volvió a su estado natal Hidalgo.
Una de las acciones que emprendió José fue la revalidación de sus estudios, el posgrado que realizó en la Unión Americana fue equiparado por la Secretaría de Educación Pública a un nivel de licenciatura. Pues en México para poder litigar como abogado se debe tener forzosamente la licenciatura en derecho, en cambio en Estados Unidos para estudiar derecho hay que tener antes una licenciatura en cualquier disciplina. José relata esta experiencia:
“Tenía la intención de litigar, había intentado aquí en México obtener una equivalencia del doctorado, pero me dijeron que a lo más solo podría conseguir una equivalencia parcial del doctorado ‘y si te damos la equivalencia parcial del doctorado’, me dicen, ‘no vas a poder litigar porque no tienes licenciatura en derecho y aquí para poder litigar debes de tener una licenciatura en derecho. Total que me convencen me lo revalidan como licenciatura parcialmente por supuesto y ya con eso pude tomar el examen de Ceneval y con ello después de tres años de iniciar el proceso ya me dieron la cedula apenas en enero de este año. En la SEP ha habido modificaciones de forma, pero el contenido sigue siendo el mismo, uno tiene que cumplir con 75 por ciento del currículum y ese es el problema. Nuestro currículum es muy distinto al de Estados Unidos y no lo quieren reconocer (entrevista 21 de septiembre de 2017).
Actualmente José estudia la maestría en derecho penal y ciencias penales en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAEH y en el futuro pretende realizar su doctorado en derecho. Asimismo, sigue formando parte de la barra de abogados de la Florida, ha formado su propia oficina en su domicilio donde litiga asuntos de migración que involucran a México y a Estados Unidos. Frente a esta coyuntura de los dreamers, la Secretaría de Educación Publica ha anunciado algunas acciones entre ellas la publicación en el Diario Oficial de la Federación (19 de abril de 2017), lineamientos para facilitar el ingreso de los jóvenes dreamers al sistema educativo nacional. En días recientes (6 de septiembre) se anunciaron cambios en el sistema nacional de becas para que los dreamers tengan acceso a estos apoyos. Sin embargo, la población retornada es heterogénea y las políticas migratorias deberían considerar esta diversidad. Al respecto vale la pena preguntarse, ¿quién certificará el saber de un migrante que solo cuenta con la secundaria o por debajo de ese nivel pero trabajó varios años en la construcción, la jardinería, o en los servicios? ¿De qué manera se sensibilizarán a los empleadores para que estos migrantes sean contratados?
El caso de José muestra como las instancias estadunidenses modificaron una ley para que pudiera ejercer como abogado, falta ver si los organismos mexicanos e hidalguenses tendrán la misma capacidad de transformar leyes para reintegrar a sus migrantes retornados.

José Godínez Sampeiro,

licenciado en antropología de la New College of Florida, buscó la revalidación de sus estudios, el posgrado que realizó en la Unión Americana fue equiparado por la Secretaría de Educación Pública a un nivel de licenciatura. Pues en México para poder litigar como abogado se debe tener forzosamente la licenciatura en derecho, en cambio en Estados Unidos para estudiar derecho hay que tener antes una licenciatura en cualquier disciplina

  • Actualmente estudia la maestría en derecho penal y ciencias
    penales en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAEH y en el futuro pretende realizar su doctorado en derecho
  • El caso de José es excepcional porque fue el segundo inmigrante indocumentado que forma parte
    de una barra de abogados en Estados Unidos

Claves

  • De agosto
    a diciembre de 2017
    expirarán los EAD de 201 mil 678 personas, de ese total 55 mil 258 ya han presentado peticiones de renovación
  • En 2018
    desaparecerán los EAD
    de 275 mil 344 personas, pero 7 mil 271
    ya han presentado peticiones de
    renovación
  • El DACA
    no solo ha mejorado
    las vidas de los jóvenes indocumentados y sus familias, sino que también ha afectado positivamente a la economía en general
  • Una cuarta parte
    de los casos elegibles
    del programa también están matriculados en la educación superior; muchos de esos jóvenes necesitan trabajar para pagar la universidad
  • La entidad
    continúa enviando
    población a Estados Unidos, la cual se concentra principalmente en Houston, Texas; Clearwater, Florida y Las Vegas, Nevada
  • El 6 de septiembre
    fueron anunciados
    cambios en el sistema nacional de
    becas para que los dreamers tengan
    acceso a estos apoyos

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