Reversa e impopularidad

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Moises Sanchez Limon

¿Dónde andan los asesores presidenciales en materia económica y financiera? Que alguien les recuerde la prioridad de su tarea, porque Luis Videgaray Caso no es precisamente un asesor en eso de orientar las decisiones del presidente de la República sustentadas en la opinión y consensos del gabinete económico.
Los economistas, expertos y doctos, como los analistas del ramo saben de esos menesteres, de las proyecciones, los futuros, la volatilidad de los mercados internacionales y el impacto negativo que, cualquier decisión en el concierto de las principales bolsas de valores del mundo, tiene en la línea de flotación de las finanzas mexicanas.
Pero, ¿de qué sirve tener a raya a la inflación cuando ésta se palia sobre decisiones que afectan en cadena a la clase media y de ahí para abajo con incrementos impopulares por demagógicos y populacheros?
Cierto. Precios y tarifas de bienes y servicios que ofrece el gobierno no están sujetos a la reglamentación legislativa. Los decide el gabinete económico –bueno, por lo menos esa es la idea– a propuesta de los genios financieros encabezados por Luis Videgaray Caso, en su papel de comandante en jefe de las fuerzas impunes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Es evidente que, a estas alturas del sexenio, poco importa al gabinete presidencial que, bajo presión de poderes fácticos y ausencia de sentido común, algo más que el poder político se diluya entre la impopularidad y la irritación social.
Porque, hasta el momento, las decisiones que han procedido del Poder Ejecutivo no han sido las mejores, en tiempo y forma, para atender problemas graves como este prohijado incluso con violencia por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Trabajan para perder el poder, el máximo cargo de elección popular?
Para esa tarea, empero, no se requiere operar con inexperiencia y abrir tantos frentes como sea posible, porque en ese ánimo se ha dañado al tejido social, este que dividido en clases sociales está condicionado a vivir en la zozobra, sujeto a las condiciones económicas, políticas y sociales de todos los signos e ideologías que buscan hacerse del poder por el poder mismo.
Las alianzas o coaliciones han demostrado esa ambición de poder y el fracaso como gobierno. Oaxaca, Jalisco, Veracruz, Tabasco, Chiapas… No hay un ejemplo de alianza de izquierdas y derechas y del centro que haya desembocado en un gobierno de calidad.
El gran problema se llama demagogia y se apellida populismo. Su incumplimiento puede ir de la irritación social a la franca rebelión, no armada, no, a la rebelión de ciudadanos que, hartos de las promesas populacheras, se nieguen a pagar bienes y servicios que ofrece el gobierno federal, como las gasolinas y la energía eléctrica.
Sí, la inflación puede mantenerse en un dígito y no más allá de 3 por ciento. Pero la carestía galopante se resiente en los bolsillos del grueso poblacional, de las clases medias que son generadoras de la economía, pero bajo la presión del encarecimiento se orienta rumbo al grueso de la pobreza.
¿Se vale prometer que no habrá incremento en los precios de los combustibles y de la energía eléctrica y pasada la elección incumplir el compromiso?
No se requiere ser ducho en economía y el análisis de las fuerzas del mercado, del deber y el haber, cuando la carestía se desata a partir de los incrementos en precios y tarifas de bienes y servicios del sector público. La ley elemental: toda causa tiene un efecto.
Por eso, diputados federales del PRD no descubren el hilo negro cuando prevén que el aumento en el precio de la luz y las gasolinas repercutirá en una escalada de incrementos de precios de productos y servicios que afectará a todos los mexicanos y en particular a los de menores recursos.
Amador Rodríguez, legislador perredista, advierte que el aumento en las tarifas de electricidad anunciada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocará alzas en cascada en 10 por ciento, principalmente en productos de primera necesidad, pues el gobierno federal escogió un mal momento porque los comercios y las familias mexicanas están golpeados económicamente.
No hay congruencia. El salario mínimo aumentó entre 2 y 3 por ciento, pero no alcanza ni para un kilo de tortillas. Y solo hay que recordar que la semana pasada se incrementó el precio del litro de la gasolina Magna en 24 centavos y Premium en 34 centavos con relación al pasado mes de junio, lo que provocó de inmediato alzas en las tarifas de otros servicios.
Esa reversa a la oferta presidencial de no más aumentos en las gasolinas y los beneficios de una reducción en las tarifas eléctricas deriva en algo más que impopularidad. ¿A poco no? Digo.

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