Roberto Borge, de exgobernador a delincuente electoral

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Jenaro Villamil

Los tres exgobernadores caracterizados en 2012 como representantes de la “nueva generación del PRI” por el presidente Enrique Peña Nieto –César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge– han sido investigados por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por montos que ascienden a 79 millones, mil 300 millones y 201 millones de pesos, respectivamente, de presunto desvío de recursos públicos a las campañas del tricolor.
De esos tres, el único que se mantiene prófugo y sin orden de extradición por parte de la PGR, es el chihuahuense César Duarte. En el caso de Roberto Borge, exmandatario de Quintana Roo, famoso por sus excesos y delirios de grandeza, ayer el gobierno de Panamá lo entregó para que enfrente las acusaciones por peculado.
Borge fue detenido desde el 4 de junio pasado en el aeropuerto internacional de Tucumen, en Panamá, cuando intentaba tomar un vuelo para París.
Considerado el gobernador “más joven” del país, Borge fue también el más delirante en sus excesos: dejó un adeudo de 500 millones de pesos tan solo por la renta de aviones privados durante su gobierno; se le acusa de especular con la venta de entre 44 y 46 terrenos en Cozumel, Tulum y Cancún, generando un quebranto de 22 mil millones de pesos al erario de Quintana Roo.
Borge vendió esos predios a sus amigos y prestanombres, a precios inferiores a los fijados por el catastro y luego los remataron a privados que estaban coludidos con el exmandatario.
También se acusa a su exsecretario de Finanzas, Juan Pablo Guillermo Molina, de haber desviado al menos mil 464 millones de pesos procedentes del impuesto del 3 por ciento al hospedaje que los hoteleros de Quintana Roo daban para supuestas mejoras en la infraestructura turística. El monto generado por ese impuesto se presume que fue robado o desviado para campañas electorales.

Borge, desvío por
201 millones de pesos

El otro caso de investigación por peculado electoral es contra el exmandatario de Quintana Roo, Roberto Borge, contra el dirigente estatal priista Raymundo King y contra el extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo Molina, por el presunto desvío de 201 millones de pesos en el ejercicio fiscal de 2016 para destinarlos a la campaña del aspirante tricolor Mauricio Góngora.
El 4 de julio, la Fepade recibió la respuesta del actual secretario de Finanzas de Quintana Roo Juan Melquiades Vergara al expediente AYD-FEPADE-1778/2017 en el que se solicitó lo siguiente:
“1.-Si de acuerdo al ejercicio de recursos de la dependencia a su cargo, durante el ejercicio fiscal 2016, se ha detectado operación irregular alguna, relacionada con el desvío de recursos públicos, específicamente por el monto de 201 millones de pesos.
“2.-De ser afirmativa la respuesta anterior, señalar la o las personas que posiblemente pudieron haber intervenido en la operación irregular especificada.
“3.-Asimismo, mencione si con relación a lo especificado en los numerales anteriores, se ha dado vista o denunciado ante dependencia alguna de la administración pública local o federal, especificando la fecha de vista o denuncia y la autoridad ante la cual se ha actuado”.
El actual titular de Sefiplan en el gobierno de Carlos Joaquín respondió que “encontró irregularidades relacionadas con la materia de su investigación, las cuales se hacen de su conocimiento para los efectos legales conducentes”.
Desde mediados de junio pasado, Diana Talavera Flores, directora de vinculación con órganos electorales y organismos de la sociedad civil de la fiscalía, afirmó que estos más de 200 millones de pesos debieron ser utilizados para la realización de una obra pública, pero, en realidad, fueron desviados a la campaña del aspirante priista a gobernador.
El exmandatario de Quintana Roo se encuentra detenido en el penal de Panamá, acusado de la venta ilegal de terrenos propiedad de la entidad a precios por debajo de su costo real a una red de excolaboradores y familiares.
Borge también es señalado por despojo de casas, edificios, departamentos de lujos, terrenos y otras propiedades en contra de empresarios hoteleros y particulares, a través de juicios laborales falsos o amañados con las juntas locales de Conciliación y Arbitraje. Esta táctica involucra a una extensa red de funcionarios que incluyen al exsecretario del Trabajo Patricio de la Peña, al subsecretario de Trabajo en la zona norte Enrique de la Cruz Pineda, al exdirector del registro público de la propiedad Carlos Lima, recién nombrado magistrado por el Congreso local y a una serie de “falsos compradores” entre los que destacan funcionarios municipales y políticos del PRI y del Partido Verde.
La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad calcula que el daño ocasionado por ese tipo de “piratería” institucional asciende a 340 millones de pesos, como mínimo. A esto se agregaría el juicio por presunto peculado electoral que investiga la Fepade.

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