Algo está tan putrefacto en el sistema de procuración de justicia en México que permite la impunidad a quienes malversan, saquean y atracan los dineros del pueblo, como es el caso de los exgobernadores priistas, quienes aprovechándose del encargo conferido a través de la supuesta democracia que existe –hoy también víctima de la corrupción– delinquen y despojan de su patrimonio al pueblo sabedores de que es improbable ser juzgados y castigados con cárcel por todas las tropelías que comenten.
Incluso, en el remoto caso de llegar a ser encarcelados, los exgobernadores conservarán la mayoría de las riquezas y propiedades obtenidas del burdo saqueo de las arcas públicas que realizaron durante su mandato debido a las “lagunas legales” –más bien océanos– que existen en las leyes que norman y regulan al sistema de procuración de justicia vigente.
Este es el caso del exgobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, actualmente detenido por las autoridades de Panamá y cuya solicitud de extradición a México ya fue solicitada oficialmente por el gobierno mexicano, mismo que lo reclama para someterlo a juicio o mejor dicho para darle al pueblo “atole con el dedo” mediante un show mediático que distraiga su atención de los asuntos trascendentes.
Y es que por más que el gobierno mexicano quiera montar una “telenovela justiciera” en torno al caso del exgobernador de Quintana Roo para tratar de elevar la “popularidad” del presidente priista Enrique Peña Nieto, la realidad es que el exmandatario Roberto Borge no pisará la cárcel a pesar de ser el responsable legal, político y moral de la afectación económica y general que se vive en esa entidad caribeña.
En un hecho insólito, el mismo fiscal general quintanarroense Pech Cen ha declarado que es improbable que Borge Angulo pise la cárcel una vez extraditado a México, porque la mayoría de los delitos que se le imputan al exgobernador “no son de persecución de prisión preventiva oficiosa”, lo cual puede ser corroborado en el código penal vigente.
Pech Cen precisó que los presuntos delitos de que se acusan a Roberto Borge “no son delitos graves como de antaño lo tenía y que conforme a los procedimientos se están señalando en el sistema de justicia penal”, es decir, que el exgobernador puede quedar libre para enfrentar su proceso ante las autoridades a pesar de ser el presunto responsable del endeudamiento de Quintana Roo en perjuicio de los habitantes de aquella entidad federativa.
Que a toda madre… Los hombres de poder en México se “burlan” de la justicia y se pasan las leyes por la entrepierna a pesar de ser responsables del quebranto financiero de los estados que gobernaron, de despojar a los ciudadanos de sus bienes y patrimonio, de hipotecar el desarrollo del pueblo y todo porque son “intocables” por el sistema de procuración de justicia mexicano.
Estando así de relajada la justicia, es una invitación a los gobernadores para delinquir a sus anchas, al fin y al cabo que las transgresiones que comenten no son tipificadas como “graves”, gracias a que las leyes en México se elaboran para “violarlas”.
“El que hace la ley, hace la trampa”, es decir, los legisladores (léase diputados y senadores) sabedores de que algún día pueden contender por una gubernatura, de manera deliberada dejan resquicios o reservas que solamente ellos conocen y que les permite “darle la vuelta” o evitar cumplir las normas en su beneficio cuando “sea necesario”, esta corrupción aunada a tantos “recomendados”, es lo que tiene podrido al sistema de procuración de justicia en México.
Es urgente un profundo cambio que extirpe de raíz ese “tumor” maligno que afecta a todo el sistema de procuración de justicia en México, para de esa manera dar paso a que realmente la justicia se aplique para todos por igual, como debería ser.

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