Ruiz Esparza, hundido en su propia versión del socavón (Primera parte)

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Jenaro Villamil

En su intento por lavarse las manos de la responsabilidad en el trágico accidente del socavón en la carretera del Paso Exprés de Cuernavaca, Gerardo Ruiz Esparza, titular de Comunicaciones y Transportes, ha responsabilizado a la lluvia, a la basura, al gobierno de Morelos, a la alcaldía de Cuernavaca, a las empresas Adesa y Epccor y hasta a una alcantarilla, pero omite cualquier error o negligencia de su parte.
Sin embargo, los documentos oficiales de la SCT sobre el suceso contradicen a Ruiz Esparza. El propio dictamen realizado por los peritos Humberto Marengo, Héctor Manuel Valverde y Mario Rodríguez Rodríguez exhibe la negligencia de la SCT, porque en el mismo sitio donde se abrió el socavón el 12 de julio ocurrió un incidente similar en octubre de 2016, sin que se tomaran medidas adecuadas.
“Se debe comentar –advierte el informe de los peritos– que durante el mes de octubre de 2016 se presentó un deslizamiento del talud de la carretera cuando estaba en su proceso constructivo, el cual se deslizó parcialmente ante la presencia de fuertes lluvias. Existe la posibilidad de que al restablecer el terraplén se haya dislocado la tubería por la maquinaria utilizada para la reposición del mismo, sin embargo, no hay evidencia que pudiera sustentar lo anterior. En nuestra opinión, debe hacerse también un peritaje específico para aclarar esto.”
En sus conclusiones, los peritos admiten que la dislocación de la tubería pudo deberse a “la falla de estabilidad del talud ocurrido en octubre de 2016, lo que pudo afectar al tubo, así como los esfuerzos inducidos por maquinaria pesada durante el proceso constructivo”.
El incidente ocurrido el 14 de octubre de 2016 fue reportado como un “socavón” por la propia Policía federal a través de su cuenta de Twitter y se localizó exactamente en el mismo kilómetro, el 93-850, donde se abrió un hueco de siete metros de profundidad el 12 de julio.
“Circulen con precaución. Socavón en el referido kilómetro, a la altura del plantel educativo Conalep en Cuernavaca”, alertó la Policía federal en ese entonces. También exhortó a los automovilistas para que respetaran los señalamientos. Personal de Protección Civil del gobierno de Morelos y del ayuntamiento de Cuernavaca acudieron al lugar. La SCT no dijo nada en su momento.
Este antecedente y la referencia del dictamen de los peritos fue ignorado por Ruiz Esparza en su informe de 19 cuartillas, enviado al Senado de la República, en vísperas de su comparecencia el 22 de agosto.
Según Ruiz Esparza, fueron tres factores que “de manera cierta y relevante” dieron origen a la falla que ocasionó el socavón: el embovedado de la alcantarilla, el taponamiento por basura y el deterioro de la alcantarilla.
El informe de Ruiz Esparza al Senado no asume ninguna responsabilidad y reparte culpas cuando admite que “de haberse realizado el embovedado de la alcantarilla, responsabilidad ineludible del consorcio constructor, de la supervisora y del coordinador de obra, y de no haberse taponado la alcantarilla con basura, responsabilidad constitucional del municipio, el incidente no hubiera ocurrido”.
En otras palabras, hay responsabilidad de la empresa SACC Ingeniería, coordinadora del proyecto, del consorcio constructor formado por Aldesa-Eppcor y del gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca, pero no de la SCT.
La única sanción que informa el titular de Comunicaciones y Transportes es la destitución del director general del centro Morelos de la SCT “en razón de no haber informado a sus superiores sobre la problemática presentada en el tramo de la obra. Asimismo, fueron separados del cargo temporalmente para llevar a cabo las diligencias correspondientes los siete funcionarios directamente responsables de la ejecución de la obra”.
El informe de Ruiz Esparza ignora el dictamen del Colegio de Ingenieros Civiles de Morelos, que demandó una revisión completa de los 14 kilómetros del Paso Exprés ante el cúmulo de 27 irregularidades en el proceso de construcción y, especialmente, por la falta de supervisión en las obras hidráulicas.
“Encontramos el desplante de los muros, no estaban firmes, tenían cierta resistencia, pero era muy fácil que el flujo del agua perdiera sustento… La tubería se debilitó con un deslave y, aunque no lo haya notado quien ejecutó el trabajo, no le dieron la seriedad necesaria para averiguar la antigüedad que tenía”, afirmó Pedro Torres Ovando, presidente del Colegio de Ingenieros de Morelos.
Torres Ovando se refirió también al mismo incidente ocurrido en octubre de 2016 y advirtió, en conferencia de prensa, que “de haber revisado su comportamiento, después de los trabajos de recuperación del terraplén y la ejecución del muro encima, no habría sucedido el socavón”.
El documento enviado por Ruiz Esparza al Senado no es un informe sino una larga justificación de las acciones de la SCT.
Según expertos consultados por Proceso, el titular de la SCT ignora o evade la propia normatividad de la secretaría, como es el documento Conceptos que conforman el proyecto ejecutivo de carreteras, una normatividad de más de 300 páginas, donde claramente se establece que antes de la ejecución de una obra “el primer estudio requerido cuando se planea una carretera” es el geotécnico y también estudios de factibilidad ambiental, que deberían ser aprobados previamente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Fallecidos, “culpa de Graco”

El documento de Ruiz Esparza al Senado contiene imprecisiones y contradicciones importantes, incluso con el propio informe de los peritos, para evadir su responsabilidad en la muerte de las dos víctimas del socavón.
Hay una clara contradicción en la hora de los hechos. Para Ruiz Esparza el “lamentable incidente ocurrió a las 5:20 horas del 12 de julio”, pero el dictamen pericial técnico, presentado por la propia SCT el 10 de agosto, menciona que el accidente del socavón ocurrió a las 5:50 horas.
El titular de la SCT reprocha que desde las 6:15 horas el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, fue notificado por el subsecretario Óscar Callejo y que “no se presentó en el sitio el gobernador de Morelos ni funcionarios estatales con capacidad de apoyo”, responsabilizando a las autoridades estatales de un accidente ocasionado en una carretera concesionada por la dependencia de Ruiz Esparza.
También exhibe al municipio de Cuernavaca porque Protección Civil municipal “informó al secretario de Comunicaciones y Transportes que una ‘avalancha de agua de ocho metros de altura llenó y fracturó el tubo que provocó el hundimiento’ y que ‘no contaban con el equipo necesario para hacer el rescate’”.
Líneas abajo, Ruiz Esparza acusa directamente al gobierno de Morelos por la muerte de Juan Mena López, de 56 años, y de su hijo Juan Mena Romero, de 36 años: “Protección Civil estatal, realiza el primer descenso para evaluar los daños dos horas después de la caída del automóvil, sin el equipamiento necesario y sin intentar el rescate de los ocupantes del vehículo.
“La recuperación de los cuerpos sin vida de las dos víctimas se da 10 horas después del incidente, confirmando la necropsia que la causa del deceso fue por asfixia.”
Ruiz Esparza presume que “desde el primer momento ofreció su pésame a los familiares de las víctimas y puso a su disposición todo el apoyo que requieran tanto para el resarcimiento del daño como la debida atención a la que tienen derecho y es precedente”.
Indica que “la relación con la familia ha sido nuestra prioridad y ha continuado hasta la fecha. Estamos atentos y en espera de que se pronuncie para dar inmediata atención y apoyo, siempre con respeto a sus decisiones y tratando de lograr que por la vía del diálogo obtengan las indemnizaciones a las que tienen derecho”.
Ruiz Esparza omite mencionar sus propias declaraciones públicas, horas después de la tragedia, cuando afirmó que lamentaba “el mal rato” que significó para los familiares la muerte de Juan Mena López y de su hijo Juan Mena Romero. Ni siquiera admite que fue un error esa declaración.
Sonia Mena, familiar de los dos fallecidos, afirmó en conferencia de prensa el 13 de julio que “la armonía de esta familia fue cancelada por una negligencia. Y eso, las palabras y los términos legales no lo pueden tapar”. Ruiz Esparza en su informe al Senado evita mencionar la palabra negligencia.
El titular de la SCT presume que “ha dado atención permanente a las familias afectadas que tienen sus viviendas ubicadas en el kilómetro 93.8 del Paso Exprés proporcionándoles hospedaje y ayudándoles a reparar los daños que se ocasionaron a sus viviendas”.
No informa cuántas viviendas están dañadas, cuántas son las personas afectadas, cuánto será la indemnización que tendrán que pagarles a los vecinos de la zona que desde el principio denunciaron las irregularidades en la construcción del Paso Exprés.
Incluso, el funcionario indica que “se mantiene contacto permanente a través de correo electrónico con las familias afectadas en la colonia Chipitlán”.

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